Escasez de combustible. Basura sin recolectar. "Nuestra operación se ha visto impactada sobre todo en la zona sur", asegura el servicio de encomiendas. La huelga que hace casi seis días lleva a cabo la Confederación Nacional del Transporte de Carga terrestre de Chile (CNTC), le añade un nuevo frente de tormentas al Gobierno de derechas en momentos que debe preparar las condiciones para el referendo constitucional y hay señales de reactivación de las protestas a pesar de la pandemia. "Cortar la cadena de abastecimiento no es una manifestación pacífica", aseguró el portavoz del presidente Sebastián Piñera, Jaime Bellolio. El ministro del Interior, Víctor Pérez, amenazó en la noche del lunes con aplicar la Ley de Seguridad del Estado y otras medidas adicionales para desbloquear las carreteras. "No queda otro camino que ejercer la autoridad", añadió. "Si el ministro del Interior no se preocupa de restablecer el imperio del derecho, se expone a una acusación constitucional", dijoel diputado opositor Matías Walker.
"Nos ofrecen migajas", se ha quejado José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), en relación con los llamados de las autoridades a levantar la medida de fuerza que se siente con más fuerza en la región sur y que, según la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex) y la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), ponen en peligro sus envíos al exterior. "En un par de días ya no vamos a poder seguir embarcando nuestra fruta".
Según una encuesta de la consultora Pulso Ciudadano de Activa Research, un 44,5% de los chilenos ha expresado su rechazo a la protesta liderada por la CNTC. Además de los efectos sobre el abastecimiento, se les critica llevarla a cabo cuando el covid-19 todavía es una amenaza. El virus ha infectado a 411.726 personas. Los muertos ascienden a 11.274.
El conflicto y su trasfondo
Los sindicatos solicitan al Gobierno que acelere la promulgación de leyes que le otorguen a la policía militarizada (Carabineros) más facultades a para enfrentar los ataques incendiarios contra los camiones en La Araucanía y Biobío, las regiones donde son frecuentes las protestas de las comunidades originarias mapuche. Los camioneros sostienen que unos 500 furgones han sido destruidos durante los últimos meses. Horas atrás, un supuesto Órgano de Resistencia Territorial de la Coordinadora Arauco Malleco se atribuyó atentados contra seis camiones y tres camionetas. El conflicto mapuche es de una profundidad que excede la huelga de ese sector estratégico del transporte. Las organizaciones que representan a esos pueblos reclaman tierras que consideran ancestrales, autonomía jurisdiccional, mejoras económicas y el respeto a la identidad cultural
La presente huelga de los camioneros trae a los memoriosos el recuerdo de otra similar, que en octubre de 1972, y por razones diferentes, provocó un mayor desgaste político al Gobierno socialista de Salvador Allende. Aquel conflicto fue apoyado por los sectores de derecha. Once meses más tarde tuvo lugar el golpe militar. Con los años se supo que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) respaldó esas acciones desestabilizadoras en las carreteras.
El plebiscito
Cuarenta y siete años después, la protesta de la CNTC tiene como trasfondo inevitable la consulta electoral que se realizará el 25 de octubre para reformar la Constitución que la dictadura militar (1972-90) escribió a imagen y semejanza del general Augusto Pinochet . El plebiscito ha sido fruto de las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre pasado en contra del modelo económico y social. Sectores del Gobierno, en particular la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) se muestran contrarios a la realización de la consulta. La presidenta de esa formación, Jacqueline Van Rysselberghe, estima que el plebiscito de octubre tiene "serios vicios de legitimidad", debido a la situación sanitaria. "No hay posibilidad de hacer campaña y lo más probable es que sea poco participativa por las condiciones de salud", dijo,
Una reciente encuesta de la consultora Cadem arrojó que un 93% de los entrevistados pide que los derechos de la educación y salud estén garantizados en una nueva Carta Magna. El mismo sondeo da cuenta de que solo un 18% de los chilenos tiene una buena imagen del presidente Piñera.
