La huelga convocada ayer por los sindicatos contra la reforma de las pensiones bajó el ritmo de la actividad en Francia y afectó notablemente a los transportes pero no provocó el caos en el país y, salvo los incidentes violentos que salpicaron algunas manifestaciones, la calma fue la tónica general de una jornada que dejó imágenes de estaciones de tren prácticamente desiertas y andenes de metro vacíos. Incluso el tráfico en la autovía de acceso a París fue más fluido que un día normal. Los usuarios se habían preparado para un «jueves negro» en el transporte público y buscaron alternativas. En algunas calles de París había más bicicletas que coches circulando.
Las previsiones, en todo caso, se cumplieron y el seguimiento fue masivo en la compañía estatal del ferrocarril (SNCF) donde pararon el 85% de los conductores, y en el sector de la enseñanza, donde el seguimiento entre los profesores de primaria fue del 51%. Trabajadores del sector público y privado secundaron la protesta, que obligó a cerrar colegios, universidades, teatros, museos e incluso la Torre Eiffel.
METRO HASTA EL LUNES / El Gobierno daba por descontada una amplia movilización y cree que el pulso puede ser duradero. Los paros se retomarán hoy en el sector del transporte aéreo y en el ferroviario mientras que en el metro de París la huelga se prolongará hasta el lunes.
«Algunos conductores de metro están dispuestos a llegar hasta el 31 de diciembre» advirtió o el secretario general del sindicato Unsa en France Info. «Es el Gobierno el que toma a los usuarios como rehenes. Queremos que se retire la reforma», instió este responsable.
La reforma de las pensiones, una promesa electoral de Emmanuel Macron, es una verdadera prueba de fuego para el presidente francés y un indicador de su capacidad para seguir adelante con la transformación del país. La huelga en contra del proyecto es el mayor conflicto social desde la aparición de los chalecos amarillos y el Elíseo observa con atención lo que ocurre en la calle.
El Ejecutivo defiende la reforma -que plantea adoptar un esquema universal por puntos y terminar con los 42 regímenes de jubilación existentes en la actualidad- porque la considera esencial para la sostenibilidad del sistema y alega que los regímenes especiales, como los del ferrocarril, la empresa estatal de gas o los trabajadores de la Opera de París, son deficitarios.
Sin embargo, los sindicatos se quejan de que un sistema universal obligará a los trabajadores, tanto públicos como privados, a trabajar más años por una pensión menor. Las indefiniciones del Gobierno sobre la letra pequeña de la reforma no tranquilizan a los ciudadanos.
El primer ministro, Edouard Philippe, expondrá a mediados de la próxima semana la «arquitectura general» de la reforma, aunque ayer se filtraron las primeras pistas que baraja el Ejecutivo para salir del conflicto y lograr el apoyo del sindicato moderado CFDT, el mayoritario y el único que defiende el sistema por puntos.
EL MODELO SUECO / Inicialmente, la idea de Emmanuel Macron era adoptar un sistema más justo y más transparente siguiendo el modelo sueco, pero el ala más conservadora del Gobierno añadió medidas como ampliar la duración de la cotización que además de polémicas añadieron confusión y alejaron la adhesión de los sectores sindicales y políticos moderados. El Gobierno estaría ahora dispuesto a modificar la entrada en vigor de la reforma para que los primeros afectados sean los trabajadores nacidos a partir de 1973 y también renunciaría, según el diario económico Les Echos, a modificar el periodo de cotización para tener derecho al cien por cien de la pensión, una medida con la que pretendía hacer frente al déficit de la Seguridad Social que en 2025 podría ser de entre el 0,3% y el 0,7% del PIB. Habría igualmente guiños hacia profesores y funcionarios, revalorizando su nivel salarial, y para profesionales liberales. Además, se establecería un periodo de transición de 15 años.
«Todavía hay margen de negociación con las organizaciones sindicales. La puerta del Gobierno está abierta», dijo la portavoz del Gobierno, Sibeth Ndiaye. El proyecto de ley se presentará en el Parlamento a principios del 2020.
