La presión sobre Hungría y Polonia para que dejen de vetar el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación, un paquete financiero de 1,8 billones de euros clave para revitalizar la economía europea, sigue creciendo pero ni el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ni su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, dan su brazo a torcer. Ambos se han reafirmado este jueves en su posición durante un reunión en Budapest que ha concluido con un cierre de filas total. “Estamos decidido a mantener nuestras posturas alineadas. Ni Polonia ni Hungría aceptarán ninguna propuesta que sea inaceptable para la otra (parte)” y solo se moverán, han avisado, si hay una “modificación sustancial” del mecanismo que condiciona los fondos europeos al respeto del estado de derecho.
El impasse, alegan en una declaración conjunta, no es culpa ni de Varsovia ni de Budapest sino que ha sido creada “por aquellos que han establecido un vínculo entre el Estado de Derecho y el presupuesto de la UE” porque los Estados miembros ya sabían lo que podía ocurrir. “Nuestra postura ha sido clara desde el principio de la negociación de la propuesta de la Comisión en 2018. Se sabía que la condicionalidad conllevaba riesgo de bloqueo del proceso de aprobación del Marco Financiero Plurianual y el paquete financiero Next Generation EU (el plan de recuperación)”, justifican.
Orbán y Morawkiecki, que han comparecido sin aceptar preguntas de la prensa, también han insistido en que el mecanismo de condicionalidad pactado entre la Presidencia semestral de la UE, que lidera Alemania, y el Parlamento Europeo no refleja el acuerdo político al que llegaron los 27 líderes europeos en la cumbre de finales de julio y que no solo no reforzará sino que “socavará el estado de derecho en la UE degradándolo a un instrumento político” con una condicionalidad que se salta el Tratado, aplica definiciones vagas y términos ambiguos, que no tiene “criterios claros” para la aplicación de sanciones y “sin garantías procesales significativas”.
“Nuestros países han actuado y siguen actuando sobre las bases de la cooperación leal y la solidaridad. Estamos dispuestos a contribuir a una solución a la situación actual” pero “requerirá una modificación sustancial del mecanismo propuesto actualmente”, advierten. Una exigencia que choca frontalmente con la postura del Parlamento Europeo y de muchos Estados miembros que han anunciado que no se moverán un milímetro y que no están dispuestos a reabrir una negociación que dan por cerrada.
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL
La solución, sugieren el polémico tándem, pasa por poner en marcha un proceso en “dos vías”. Por una parte, limitar la condicionalidad presupuestaria solo a la protección de los intereses financieros de la Unión. Por otra, abrir un debate en el Consejo Europeo sobre si debe establecerse una condicionalidad. “Si esa es la decisión entonces deberían considerarse los procedimientos previstos en los tratados, incluida la convocatoria de una conferencia intergubernamental, para negociar la necesaria modificación del Tratado”, proponen obviando que hubo un acuerdo en julio del que ahora reniegan.
Y es que, a juicio de ambos, el único mecanismo legalmente válido que existe para proteger los valores instaurados en el artículo 2 del Tratado es el artículo 7, el procedimiento que permite sancionar a un país en caso de riesgo claro de violación grave y que solo ha sido activado en dos ocasiones en la historia: precisamente contra Hungría por el Parlamento Europeo y contra Polonia por la Comisión.
La escenificación en Budapest pone de manifiesto que los intentos de la cancillera alemana, Angela Merkel, por desbloquear la situación antes de la cumbre del 10 y 11 de diciembre no han tenido éxito. De no encontrarse una solución a tiempo el resultado será un retraso en la llegada de fondos europeos, un problema para países como España que espera recibir 140.000 millones en los próximos años y que ha presupuestado 27.000 millones en el presupuesto de 2021. El secretario de estado para la UE, Juan González-Barba, viajará la próxima semana a Varsovia para tratar de convencer al gobierno polaco. “Tienen que empezar un ejercicio de recapitalización” porque “no lleva a nadie a ningún lado, ni a la UE ni a ellos”, ha avisado durante una comparecencia en la comisión mixta Congreso-Senado.
