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en la capital del país

Indígenas brasileños instalan un campamento en defensa de sus tierras

Integrantes de diversas etnias acampan en la capital de Brasil exigiendo al gobierno de Bolsonaro que respete sus derechos

 

Indígenas de todo Brasil instalan el Campamento Tierra Libre. - EFE

EL PERIÓDICO
25/04/2019

Unas 1.500 personas de varias etnias comenzaron a instalar en la capital brasileña el Campamento Tierra Libre, en el que esperan congregar durante tres días a unos 4.000 indígenas, en defensa de sus tierras y derechos, que consideran en riesgo por las políticas del actual gobierno.

Los indígenas rechazan la orden del presidente Jair Bolsonaro de transferir el proceso de demarcación de sus tierras al Ministerio de Agricultura, la apertura de sus territorios a la explotación minera, la extinción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) y la flexibilización de la posesión de armas.

El asesor jurídico indígena Eloy Terena, subrayó que a pesar de la decisión del Ministerio de Justicia de militarizar Brasilia con el despliegue de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, por presuntas amenazas al orden, el movimiento cuenta este año con una mayor participación de líderes indígenas.

Comienzan los trabajos

El Campamento, que se instala con el lema Sangre indígena. En las venas, la lucha por la tierra y por el territorio, congregó en las primeras horas de esta mañana unas 1.500 personas en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, según cálculos de la Policía Militar, citados por la Agencia Brasil de noticias.

Después de una reunión con el gobierno del Distrito Federal, los indígenas se desplazaron hasta el patio externo del Teatro Nacional Cláudio Santoro, donde permanecerán hasta el próximo viernes, cuando presentarán una carta con las reivindicaciones del movimiento.

Representantes indígenas se reunieron con el presidente del Senado, David Alcolumbre, para pedir que se rechace la Medida Provisional 870/19, que transfiere la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, y coloca a la Fundación Nacional del Indio (Funai) bajo el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.

Demandas de los indígenas

El coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Lindomar Terena, indicó que estas son dos de las demandas principales del movimiento indígena, que exige mantener a la Funai en el ámbito del Ministerio de Justicia. Estas demandas también serán presentadas este día ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en un acto público, y al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

Otra preocupación de los indígenas es la posibilidad de que sus servicios de salud sean municipalizados, pues evalúan que esa medida puede precarizar la atención a la salud de esa población. El cacique de la etnia kaingang, Luis Salvador, de Rio Grande do Sul, rechazó las políticas de "integración" que promueve el gobierno, al señalar que eso "hiere los derechos de la Constitución brasileña, porque tenemos salud diferenciada, educación diferenciada, hablamos nuestra lengua, es de nuestra manera".

Según el reporte, el Campamento reunirá a representantes de las cinco regiones de Brasil y de instancias internacionales como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, y la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago de Indonesia.

El gobierno dispuesto a dialogar

La víspera, el ministro de la Secretaría de Gobierno, Santos Cruz, se comprometió a facilitar "el acceso directo de los indígenas a los diferentes órganos federales, sin intermediarios, a fin de oír problemas y capturar sugerencias", afirmó el portavoz de la Presidencia, Otávio Rêgo Barros.

El ministro sostuvo que el gobierno plantea "aclarar y hacer todo el esfuerzo para solucionar los desafíos y mejorar las condiciones de vida de los indígenas brasileños". En tanto, el secretario nacional de Seguridad Pública, Guilherme Theophilo, apuntó que la vigilancia en Brasilia continuará después del Campamento Tierra Libre, para actuar en eventuales manifestaciones de movimientos sociales como el llamado Abril Rojo, realizado en todo el país por el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) para exigir la reforma agraria.