Mientras millones de brasileños se enteraban de las rigurosas condiciones de detención impuestas en Curitiba a Luiz Inacio Lula da Silva por el juez Sergio Moro, una tragedia carcelaria en el norte del país colocó por unas horas en un segundo plano la suerte judicial del expresidente. Al menos 21 personas murieron tras un intento de fuga masiva en una prisión de la ciudad amazónica de Belem. La tentativa de escape provocó un intento tiroteo con las fuerzas del penal. Entre las víctimas se encuentra un vigilante penitenciario.

El grupo de internos que trató de abandonar el Complejo de Prisiones de Santa Izabel era apoyado desde afuera por hombres fuertemente armados, quienes incluso lanzaron explosivos contra uno de los muros.

La superpoblación de las prisiones, algunas de ellas controladas en parte por las bandas de narcotraficantes, se ha convertido en un grave problema social y político de un país donde existen más de 622.000 reclusos. Brasil tiene la cuarta población penitenciaria del mundo, sólo superada por Estados Unidos, China y Rusia, pero en sus prisiones solo puede alojar 371.884 internos.

Según Human Rights Watch, el 40% de los detenidos aún no ha pasado por un juicio. La gran mayoría son jóvenes de raza negra y bajos recursos, y fueron detenidos por delitos menores.