Décadas de corrupción y negocios sin escrúpulos para convertirse en la mujer más rica de África. Ese es el dudoso currículum que luce Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, y que ha alcanzado su privilegiado estatus gracias al nepotismo y la corrupción, según detalla una investigación periodística que acaba de darse a conocer. El informe, publicado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) en colaboración con 36 medios de comunicación, está basado en más de 715.000 documentos confidenciales y centenares de entrevistas en los que se trata de desentrañar el origen de la inmensa fortuna.
La principal conclusión es que décadas de corrupción y negocios sin escrúpulos la convirtieron en la mujer más rica de África, en relación inversamente proporcional a la decadencia de Angola, uno de los estados más pobres del mundo pese a contar con abundantes recursos, como petróleo y diamantes. En diciembre, un tribunal angoleño ordenó congelar cautelarmente sus bienes por acusaciones de corrupción relacionadas con su antiguo rol en los negocios públicos. Según la investigación, las compañías de Dos Santos se beneficiaron durante años de contratos públicos facilitados por su padre, de ventajas fiscales, licencias de telecomunicaciones y derechos para extraer diamantes. Su progenitor dejó el poder en el 2017 tras casi 40 años controlando el país. Los documentos filtrados muestran que una gran red internacional de consultores, abogados y banqueros ayudó a su hija a amasar esa fortuna, estimada en más de 2.000 millones de dólares, y a mantenerla en el extranjero.
Dos Santos y su marido lideran un gran imperio empresarial de más de 400 empresas y filiales, muchas en paraísos fiscales, y disponen de exclusivas propiedades alrededor del mundo. Entre el amplio patrimonio, una mansión de 55 millones de dólares en Montecarlo, un yate de 35 millones y una residencia de lujo en una isla artificial de Dubái. En una entrevista con la BBC, Dos Santos negó cualquier delito y aseguró que las investigaciones son una «persecución política» por parte del actual Gobierno.
