El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, dio ayer por terminada legislatura tras recibir al primer ministro, Paolo Gentiloni, y a los presidentes del Congreso y del Senado, que le confirmaron el fin de las tareas del Parlamento. Tras un consejo de ministros, Gentiloni anunció que el 4 de marzo se celebrarán elecciones legislativas.

La perspectiva es incierta. Los sondeos de este diciembre atribuyen un aproximado 25%-30% al Movimiento 5 Estrellas, un 20%-23% al progresista Partido Demócrata (PD) y un 35% a los conservadores, pero solo en el caso de que estos últimos logren unir a los tres partidos en los que se encuentran desperdigados.

Faltaban todavía algunos días para el fin natural de la legislatura y quedaba pendiente de aprobación una ley que está disparando las protestas de una parte del Parlamento, del mundo católico y de la sociedad civil. Se trata de la concesión de la nacionalidad a los 800.000 hijos de inmigrantes regularizados, nacidos en Italia, que frecuentan las escuelas y universidad, cuyos padres pagan también los impuestos a Hacienda y contribuciones a la Seguridad Social, con las que se pagan 650.000 pensiones a los ciudadanos italianos. «No hay tiempo, ni una mayoría dispuesta a aprobarla», zanjó Geniloni.

En la rueda de prensa de fin de año celebrada ayer, Gentiloni confirmó que la economía italiana «se ha vuelto a poner en movimiento».