El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, acaba de dar por terminada legislatura, después de haber recibido al primer ministro, Paolo Gentiloni, y a los presidentes del Congreso y del Senado, que le han confirmado el fin de las tareas del Parlamento. Ahora está previsto un consejo de ministros tras el cual Gentiloni anunciará la fecha de las elecciones legislativas.

Una vez confirmado el final de la legislatura con un decreto de presidencia, el Ejecutivo tendrá que decidir la fecha de las próximas elecciones generales, que probablemente serán el 4 de marzo y que, de acuerdo con los sondeos de la víspera, podrían tener un resultado incierto. Algo parecido a cuanto sucedió recientemente en España, donde hubo que repetir los comicios por falta de una mayoría clara.

Los sondeos de este diciembre atribuyen un aproximado 25%-30% al Movimiento 5 Estrellas, un 20%-23% al progresista Partido Demócrata (PD) y un 35% a los conservadores, pero en el caso de que consigan estos últimos logren unir a los tres partidos en los que se encuentran desperdigados.

Faltaban todavía algunos días para el fin natural de la legislatura y quedaba pendiente de aprobación una ley que está disparando las protestas de una parte del Parlamento, del mundo católico y de la sociedad civil. Se trata de la concesión de la nacionalidad a los 800.000 hijos de inmigrados regulares, nacidos en Italia, que frecuentan regularmente las escuelas y universidad, cuyos padres pagan también los impuestos a hacienda y contribuciones a la Seguridad Social por un equivalente de 650.000 pensiones a los ciudadanos italianos. “No hay tiempo, ni una mayoría dispuesta a aprobarla”, ha zanjado Geniloni.

Economía en movimiento

En la rueda de prensa de fin de año celebrada este jueves, Gentiloni ha confirmado que la economía italiana “se ha vuelto a poner en movimiento” y que su Ejecutivo ha escrito “un capítulo histórico” sobre los derechos civiles -uniones de hecho y testamento vital- que sin embarho ha quedado "incompleto”. La referencia es precisamente a la llamada lei sobre el 'ius soli' (derecho de suelo), o de nacionalidad para los inmigrados regulares.

La mayoría que le apoya intentó aprobarla la pasada semana, sin conseguirlo, a causa de una falta de quorum en el Parlamento. Los conservadores son contrarios a dicha ley, los indignados del Movimiento 5 Estrellas, favoritos en las próximas elecciones, se abstuvieron y la extrema izquierda salió del hemiciclo. “Que las Cámaras sean disueltas inmediatamente”, pidió ayer la Liga Norte. “Que se vote el 4 de marzo y que en el gobierno no se pasen de listos”, añadió Luigi di Maio, candidato a Presidente del gobierno por el M5S.

Los comentaristas políticos señalan otra razón para explicar que no se vuelva a presentar la ley 'ius soli' al Parlamento. Esta estaría relacionada con que, en el probable caso de que fuera rechazada, por estar vincularla a una cuestión de confianza, Gentiloni tendría que dimitir y así su gabinete. Sin embargo, sin un voto de rechazo, podrá seguir administrando ordinariamente el Ejecutivo hasta las elecciones.

Envío a Níger

De hecho en la misma tarde del jueves el Consejo de ministros tenía que aprobar el envío de almenos 500 militares italianos a Niger (África), con el objetivo oficial de hacer frente a los traficantes de personas hacia Libia e Italia. En realidad, la presencia militar masiva de Italia en aquella zona formaría parte del proyecto europeo, con guía italiana, de estabilizar Libia y sus actuales dos gobiernos y parlamentos, más al menos un centenar de milícias que trafican con personas.