Italia renovó ayer el polémico acuerdo de cooperación con Libia puesto en marcha en el 2017 y que ha servido para entregar recursos a este país a cambio de la contención del flujo migratorio en el Mediterráneo central. El pacto, que se ha renovado sin cambios y de manera automática al no haber sido rectificado o modificado por Italia, fue duramente criticado -sin éxito- en los últimos días por varias organizaciones humanitarias y expertos en derechos humanos.
El renovado acuerdo supone así la continuación de programas de «apoyo» y «financiación» a la guardia costera libia, a menudo cómplice de los traficantes. El pacto fue activado hace tres años durante el Gobierno del progresista Paolo Gentiloni, en un momento en el que el repunte en las llegadas de migrantes provocó un viraje populista y de tintes xenófobos en el discurso de muchos de los políticos más influyentes entonces. Aun así, la colaboración posterior también recibió fondos de la Unión Europea.
El resultado han sido miles de personas migrantes interceptadas en el mar y devueltas a Libia, un país desangrado por la guerra y que la ONU no considera un puerto seguro. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, unos 40.000 migrantes habrían sufrido este destino. Un drama que también ha coincidido con la apertura en Libia de decenas de centros para migrantes que se han convertido en lugares donde se practica la tortura y la extorsión.
Este acuerdo es «inaceptable y inhumano», criticó el eurodiputado Pietro Bartolo, durante años uno de los pocos médicos residentes en la isla italiana de Lampedusa. «Italia debe suspender con urgencia sus actividades con la guardia costera libia», dijo, por su lado, la responsable para los derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic. «Ya en el 2019 documenté cómo ciertos tipos de asistencia contribuyeron a aumentar el número de migrantes regresados a Libia, donde fueron víctimas de graves violaciones».
