Boris Johnson puso ayer en jaque a todo el sistema parlamentario británico al pedir a la reina Isabel II la suspensión del Parlamento, petición que la monarca autorizó y firmó. El primer ministro británico alegó que la actual sesión parlamentaria hace demasiado tiempo que dura y que el país necesita mirar hacia adelante. El Parlamento quedaría suspendido desde la semana del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, tres días antes de que se celebre la decisiva cumbre europea donde se decidirá el brexit. De esta forma se reduce el tiempo del que disponen los diputados para poder frenar el brexit duro que él propone. «El Parlamento tendrá la oportunidad de debatir el programa de gobierno y sobre el brexit los días antes y después de la cumbre europea y luego votar la resolución de la cumbre el 21 o 22 de octubre», dijo Johnson en una carta enviada a los parlamentarios». Y añadió: «Si consigo un acuerdo con la UE, entonces el Parlamento tendrá la oportunidad de debatir la ley que lo ratifique». Se trata de una jugada del todo inesperada. Buena parte de su gabinete no lo sabía.

INDIGNACIÓN / «No importa cómo se disfrace, es obvio que el propósito de la suspensión es evitar que el Parlamento debata sobre el brexit y lleve a cabo sus tareas de definir un rumbo para el país», lamentó John Bercow, el presidente de la Cámara, quien considera que la decisión de Johnson es un «ultraje democrático». El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, calificó la decisión de «temeridad» y envió una carta a la Isabel II remarcando que la suspensión del Parlamento «no es aceptable» y que lo que ha hecho Johnson es «arrancar la democracia». Corbyn pidió unidad contra Johnson. Dijo que lo primero que hará el martes de la semana que viene, cuando se reabra el Parlamento, es «en primer lugar intentar legislar para impedir lo que está haciendo Johnson y, en segundo lugar, convocar una moción de censura en algún momento».

Sin embargo, tras este movimiento de Johnson es materialmente imposible que se pueda aprobar ninguna ley. Los partidos de la oposición acordaron el lunes pedir una sesión parlamentaria extraordinaria para poder proponer una normativa que vetara el brexit duro sin la aprobación del Parlamento. Era una estrategia parecida a la que se utilizó contra Theresa May en abril. La única opción que les quedaría a los opositores sería plantear una moción de censura la semana que viene, como sugirió Corbyn, que es el único que la puede proponer como líder de la oposición. Una moción permitiría forzar elecciones. El problema sería saber cuándo convocaría Johnson estas elecciones. Su asesor principal, Dominic Cummings, el cerebro de la campaña del brexit, ya dijo que si le fuerzan a convocar elecciones, Johnson lo haría después del 31 de octubre, una vez consumada la salida de la UE.

LA SOMBRA DE FARAGE / Johnson sabe que no tendría opciones de imponerse en unos comicios sin haber implementado el brexit porque el Partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage se quedaría con el voto euroescéptico conservador como pasó en las europeas de mayo. Farage ya ha dicho que concurrirá a elecciones si Johnson no apuesta por una rotura en seco con la UE.

Otra opción que le quedaría a la oposición sería presentar una moción, ganarla y crear un gobierno interino que quitara a Johnson del poder. Esta posibilidad quedó descartada la semana pasada porque Corbyn quiere ser él el nuevo primer ministro interino, mientras que los demócratas liberales y los conservadores europeístas quieren que sea cualquiera menos él.

Johnson considera que el Parlamento pretende evitar el brexit y sostiene que los que se comportan de forma antidemocrática son los diputados que no aceptaron la derrota en la consulta de 2016. En la carta enviada a los diputados, Johnson explicó que el 14 de octubre, en su tradicional discurso, la reina presentará «una nueva y ambiciosa agenda doméstica para renovar el país después del brexit». Y anunció notables inversiones en sanidad, infraestructuras y educación.

Se apunta que Johnson se encuentra en campaña electoral desde que llegó al poder el 24 de julio. Entonces constituyó un gobierno que, por un lado, garantizara el brexit y, por otro, preparara al país para después de la salida de la UE. Diversas personalidades británicas, incluyendo el exprimer ministro John Major, ya han amenazado con llevar el caso a los tribunales. La portavoz de Justicia del Partido Nacional Escocés (SNP), Joanna Cherry, explicó que su gobierno ya está trabajando para denunciarlo a la justicia escocesa. El líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, acusó a Johnson de «actuar como un dictador» mientras que la líder de los liberaldemócratas, Jo Swinson, lamentó que el premier «sabe que ni la gente ni sus representantes quieren un brexit sin acuerdo y por esto los silencia». El presidente del consejo privado de la reina, el eurófobo Jacob Rees-Mogg, aseguró la suspensión del Parlamento es «un procedimiento constitucional correcto».