El juez argentino Claudio Bonadío pidió ayer el desafuero y la prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, a la que acusa de «traición». Bonadio ha tomado la decisión en el marco de una causa altamente sensible para la política argentina: el presunto encubrimiento del atentado contra la mutual judía de Buenos Aires (AMIA) que el 18 de julio de 1994 provocó 84 muertos, como parte de un pacto con Irán jamás llevado a término.
El juez ha ordenado también el arresto domiciliario del exministro de Exteriores, Héctor Timerman, debido a su delicado estado de salud. El exsecretario General de la Presidencia Carlos Zannini , un dirigente social cercano al kirchnerismo, Luis D’Elía, y un referente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge «Yussuf» Khalil, han sido también detenidos durante la madrugada.
De esta manera, Bonadio ha hecho suya la denuncia de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado y falleció el 18 de enero de 2015, horas antes de fundamentar ante el Parlamento las razones de acusar de traición a la patria a Fernández de Kirchner. Una reciente investigación de la Gendarmería asegura, contra las evidencias acumuladas por los forenses e investigadores, que fue asesinado en su apartamento.
El esclarecimiento del atentado contra la mutual judía ha sido la gran asignatura pendiente de la justicia argentina. Cuando todavía se removían los escombros de la AMIA, informes de la CIA y el Mossad responsabilizaron de la masacre a Hizbulá, la organización chií libanesa vinculada a Irán.
El primer juicio contra la «conexión local» que ayudó a los terroristas fue una farsa con testigos comprados y terminó con la destitución del magistrado Juan José Galeano. En el 2006, entró Nisman en escena y dictó órdenes de captura contra siete iranís y un libanés vinculado a Hizbulá. ero la causa nunca se movió porque Irán no permite la extradición de sus ciudadanos y en Argentina no se celebran juicios en ausencia. En este contexto, el kirchnerismo intentó que un juez y fiscal argentinos viajaran a Teherán para interrogar a los presuntos implicados. Irán aceptó en principio la propuesta, auspiciada por Interpol, sobre la base de un acuerdo que incluiría una llamada Comisión de la Verdad encargada de dar un dictamen no vinculante.
El entendimiento del 2013 con Irán fue aprobado por el Congreso. El fiscal Alberto Nisman en principio le dio el sí. Pero la comunidad judía lo rechazó. La justicia lo declaró inconstitucional. En rigor, ese pacto nunca rigió: los iranís se negaron a avalarlo porque Argentina mantuvo las alertas rojas de la Interpol que pesan sobre los supuestos involucrados.
ARIETE DEL GOBIERNO / A finales del 2014, en medio de una purga de los servicios de inteligencia de sectores vinculados a Washington que alimentaban de informaciones a Nisman, el fiscal, quien en más de una década había avanzado muy poco en su tarea, creyó que peligraba su puesto. Entonces dio un viraje y lanzó la acusación contra la presidenta. La justicia rechazó, sin embargo, por abstractas e infundadas sus denuncias.
En igual sentido se pronunció el exsecretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble. Bonadío ha pasado por alto todos estos detalles. El kirchnerismo está convencido de que el juez es un ariete fundamental de un Gobierno alineado con el ala más dura de la política israelí y que busca disciplinar a la oposición.
