Las viejas tensiones en torno a la inmigración amenazan con desestabilizar de nuevo la Unión Europea. El asunto será el plato fuerte de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE del próximo 28 y 29 de junio pero al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le ha parecido oportuno convocar antes una minicumbre de urgencia en Bruselas para tratar de suavizar el ambiente y tratar de buscar un consenso europeo en torno a una política migratoria que no ha dejado de dividir a Europa. Entre los invitados está Pedro Sánchez, que ha confirmado su asistencia.

«Invito a una reunión informal de trabajo sobre inmigración y asilo a todos los estados miembros interesados. La cita será el domingo en Bruselas», tuiteó ayer el presidente de la Comisión. Según su portavoz, será una cena de trabajo para que los países más afectados busquen soluciones europeas. Hasta ahora, según fuentes de la Comisión, han confirmado su asistencia Francia, Alemania, Grecia, Italia, Bulgaria, España, Austria y Malta aunque aseguran que existe consenso para celebrar otra reunión con otros países interesados en la próxima cumbre.

La reunión llega precedida de una enorme marejada en el campo migratorio. De la amenaza del ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, de impedir el desembarco de los inmigrantes rescatados por barcos de oenegés, del plan del alemán Horst Seehofer de denegar el paso en la frontera a todos los refugiados que ya hayan solicitado asilo en otro país europeo, y de la crisis política desatada a raíz de los rescates del Aquarius.

Será además la primera oportunidad que tendrán los dirigentes europeos de intercambiar opiniones sobre el borrador de conclusiones de la próxima cumbre europea en la que se proponen por primera vez por escrito crear «plataformas de desembarco regionales» en los que procesar las solicitudes y hacer una primera criba entre inmigrantes y potenciales refugiados.

El Parlamento de Hungría aprobó ayer unaley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo. La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, apoyó la normativa pese a las críticas de las oenegés.