La Justicia argentina determinó este el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato, informaron fuentes judiciales.

El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la exjefa de Estado ya declaró como investigada el pasado octubre, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

664 MILLONES DE DÓLARES

Ercolini ordenó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) y el procesamiento de, entre otros, Lázaro Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.