La justicia escocesa ha resuelto que la suspensión del Parlamento solicitada por el primer ministro Boris Johnson no es una cuestión que deba dirimirse en los tribunales.

La reina Isabel II se avino a autorizar la petición del 'premier' de clausurar el órgano legislativo en la segunda semana de septiembre con la intención de anular la capacidad de maniobra de los diputados contrarios al 'brexit' duro que él abandera.

Las críticas de sectores políticos y sociales resonaron en todo el país con la acusación de fondo de estar asistiendo a un secuestro de la democracia. En este contexto, ante la inoperatividad de los juzgados de Londres, las demandas para paralizar la suspensión del Parlamento se presentaron en Escocia.