El abogado general de la Unión Europea, Melchior Wathelet, se inclina por reactivar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, que fue firmado en el 2012, y que desde diciembre del año pasado permanece en el limbo jurídicotras ser anulado por el Tribunal General de la Unión Europea. El Consejo recurrió aquella decisión, que favorecía al Frente Polisario, y ahora Wathelet se decanta por dar la razón a los gobiernos -y a España que apoyó el recurso- al proponer la anulación de la sentencia.
Según sus conclusiones, no vinculantes aunque en ocho de cada diez casos los jueces siguen las recomendaciones de esta especie de fiscal, el Sáhara occidental no forma parte del territorio de Marruecos y por tanto los convenios firmados con la Unión Europea no se le aplican. Wathelet subraya que ni el acuerdo de asociación ni el acuerdo de liberalización de productos agrícolas y pesqueros recogen disposiones que extiendan el ámbito de aplicación al Sáhara occidental y, argumenta que ni la UE ni los Estados miembros han reconocido nunca que el Sáhara occidental forme parte de Marruecos o esté sujeto a su soberanía. Por ello, propone a los jueces que anulen “la sentencia del Tribunal General y declare inadmisible el recurso del Frente Polisario”.
El Frente Polisario decidió recurrir el acuerdo al entender que el pacto abusaba de los recursos naturales del territorio y el Tribunal le dio la razón el 10 de diciembre de 2015 al entender que los gobiernos europeos habían incumplido su obligación de examinar, antes de la firma del acuerdo, “si existían indicios de una explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara occidental bajo control marroquí” en detrimento de los habitantes de esa zona. Una sentencia que llevó al gobierno de Rabat a amenazar con la suspensión de relaciones diplomáticas y a los gobiernos a ponerse de su parte.
EXCOLONIA ESPAÑOLA
En esta ocasión, el abogado general europeo ha optado por darles la razón. Recuerda que el Frente Polisario no es una entidad que tenga como misión defender los intereses comerciales de la población de ese territorio, ya que solo está reconocido por la comunidad internacional como representante del pueblo del Sáhara occidental en el proceso político sobre la autodeterminación, y subraya que tampoco parece ser “un representante exclusivo del pueblo del Sáhara occidental” ya que no cabe excluir que haya otros actores internacionales, como la antigua colonia que es España, que puedan tener todavía “responsabilidades a ese respecto”.
Las conclusiones incluyen, sin embargo, un pequeño aviso. Sugiere Wathelet que en el caso de que los jueces europeos entiendan que los acuerdos sí son aplicables al Sáhara occidental y que el Frente Polisario está legitimado para impugnar el convenio, los gobiernos de la UE sí habrían incumplido su obligación de examinar todos los elementos relevantes del acuerdo. Es decir, que aunque el Consejo no estaba obligado a evaluar las repercusiones del pacto sobre los recursos naturales saharauis sí habrían tenido que tener en cuenta “la situación de los derechos humanos en ese territorio así como el impacto potencial del acuerdo”. En ese caso, el Tribunal General, sostiene el abogado general, sí habría actuado correctamente suspendiendo el convenio bilateral. Con estos argumentos sobre la mesa, ahora serán los jueves del Tribunal de la UE quienes tienen la última palabra.
