El futuro irresuelto de Puerto Rico ha vuelto a entrar de pleno en el Congreso de Estados Unidos. Un grupo de congresistas demócratas y republicanos ha introducido un proyecto de ley para que el actual territorio libre asociado se convierta en un estado de pleno derecho, lo que serviría para solucionar su déficit de representación política en Washington y mejorar la financiación que recibe del Gobierno federal. La iniciativa contempla un cambio de estatus automático en caso de que la ley se apruebe, por lo que no tendría que someterse a un referéndum en la isla. Noventa días después, Puerto Rico se convertiría en el 51 estado de la Unión. La estatalidad puertorriqueña tiene un apoyo creciente en el Congreso, pero también numerosos obstáculos, empezando por la oposición del presidente Donald Trump.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero no disfrutan de los mismos derechos que el resto de sus conciudadanos por el particular estatus que mantiene la isla, que pasó de ser colonia española a colonia estadounidense en 1898. Desde mediados del siglo pasado disfruta de un régimen de autogobierno, aunque la autoridad última recae en las instituciones estadounidenses. La prueba más evidente es la junta de control fiscal impuesta desde Washington que gobierna sus maltrechas finanzas desde el 2017. Sus 3,2 millones de ciudadanos no tienen representantes con derecho a voto en el Congreso y no pueden votar en las elecciones presidenciales. Los fondos federales que reciben tienen además límites y son inferiores a los de otros estados.

En cualquier caso, el estatus jurídico de la isla sigue dividiendo a los puertorriqueños. En el último de los cinco referendos celebrados hasta la fecha, ninguno de ellos vinculante, el 97% de los votantes respaldó la estatalidad, pero solo votó el 23% de los electores, en parte porque la consulta fue boicoteada por la mayoría de partidos políticos. Su principal impulsor, el gobernador Ricardo Roselló, apoya también ahora la iniciativa en el Congreso, promovida por el demócrata Darren Soto. La gente se está dando cuenta de que el actual estatus no funciona. Ha quedado muy claro que los puertorriqueños necesitan sus propios senadores y diputados para que exigir cuentas a Washington, ha dicho Soto.

El proyecto de ley llega en medio de una renovada ofensiva de Trump contra la isla, un Trump que no ha olvidado las críticas que recibió de sus gobernantes por su repuesta a la devastación y los miles de muertos que dejó el huracán María. El presidente ha criticado las nuevas ayudas para la reconstrucción que prepara el Congreso. Sostiene que Puerto Rico ya ha recibido demasiados fondos en comparación con Tejas o Florida. El año pasado dijo que se oponía completamente a que la isla hispana se convierta en el 51 estado de EE UU.

La mejor esperanza para los boricuas que apoyan esa opción reside en los candidatos demócratas que aspiran a arrebatarle a Trump la Casa Blanca en el 2020. Varios de ellos apoyan plenamente la estatalidad puertorriqueña.