El opositor nicaragüense José Evert Centeno Hernández, acusado de portar armas de fuego sin permiso, fue liberado este sábado tras permanecer detenido desde octubre pasado, informó su abogada.
Junto a Centeno Hernández fueron liberados otros ocho presos, sin embargo la abogada Yonarqui Martínez, defensora de decenas de prisioneros considerados políticos, quien confirmó la noticia, dijo desconocer si los demás eran comunes o también políticos.
Aseguró que su defendido estaba preso por protestar contra el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, aunque las autoridades le acusaban por porte ilegal de armas de fuego.
La liberación de ese opositor, divulgada en las redes sociales y que no ha sido confirmada por el Gobierno, surge tres días después que el general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente, le pidiera liberar a los al menos 168 opositores que se encuentran detenidos en el marco de la crisis que vive el país desde hace casi 20 meses.
Humberto Ortega, quien fue uno de los nueve "comandantes" de la revolución sandinista que tomó el poder mediante las armas en julio de 1979 tras derrocar al entonces presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, señaló que, en estos momentos, su hermano "tiene la oportunidad para un gesto justo hondamente humanista, agilizando trámites para la libertad de los encarcelados".
Hace un año, el presidente Ortega acusó a su hermano menor de ser un peón de la "oligarquía" y del "imperio", en alusión a Estados Unidos.
En esa ocasión, el mandatario aseguró que tras la derrota electoral de los sandinistas en 1990, cuando él también gobernaba, su hermano "simplemente decidió pasarse al lado de los que habían ganado las elecciones y convertirse en un peón de la oligarquía y del imperio".
En el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, el general retirado se ha pronunciado a favor de adelantar las elecciones presidenciales de 2021 a fin de encontrar una salida a la situación del país.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y dejado un saldo de entre 328 y 651 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 200 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario que lleva 12 años consecutivos en el poder.
