Hay una palabra que los fiscales han prometido que ni siquiera se mencionará durante un juicio que ha arrancado este martes en un tribunal federal de Virginia, pero probablemente sea la más inevitable para entender la trascendencia del proceso y la atención que ha generado en los Estados Unidos presididos por Donald Trump. La palabra es Rusia.

En el banquillo se sienta Paul Manafort, de 69 años, veterano estratega y lobista de Washington, que enfrenta 18 cargos por fraude bancario, conspiración, evasión de impuestos y ocultación de cuentas en el extranjero. Y el suyo podría parecer otro caso cualquiera de delitos económicos, pero es algo más. Entre marzo y agosto del 2016, Manafort trabajó en la campaña de Trump, que llegó a dirigir tres de esos meses, hasta que tuvo que dimitir por sus lazos prorrusos. Y su juicio es el primero derivado de la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller para determinar si hubo colusión entre esa campaña y el Kremlin mientras Moscú interfería en las elecciones presidenciales.

Los cargos contra Manafort no están derivados de esa injerencia, sino por sus trapicheos para engañar al fisco y la banca tanto con dinero que cobró trabajando para Ucrania entre el 2005 y el 2014 como luego con otros fondos, pero la sombra del ‘Rusiagate’ es alargada. Su trabajo ucraniano fue principalmente para Víktor Yanukóvich, el presidente prorruso depuesto en el 2014, acusado de alta traición y refugiado en Moscú. Y sus contactos incluyen a oligarcas rusos, políticos y otros personajes cercanos a Vladimir Putin, con algunos de los cuales también tuvo transacciones económicas.

Efecto en Trump

A diferencia de los otros cuatro estadounidenses que han sido también imputados de momento por Mueller, que se han declarado culpables y esperan sentencia, Manafort insiste en su inocencia y ha querido ir a juicio. Y el que ha empezado este martes con la selección del jurado que escuchará a 30 testigos de la fiscalía en las próximas tres semanas y estudiará unos cargos que sobre el papel conllevan penas máximas de 305 años de cárcel (aunque no se espera que sea sentenciado a más de 35 si llegara a ser declarado culpable), es el primero de los dos que enfrenta.

El segundo, con cargos distintos que incluyen no registrarse como agente extranjero, conspiración contra EEUU y para lavar dinero y obstrucción a la justicia, está previsto para septiembre en Washington. Y aunque sus abogados tuvieron oportunidad de unirlos en la capital, han preferido mantenerlos separados, aparentemente convencidos de que tienen más opciones de encontrar un jurado conservador en Virginia que en la predominantemente demócrata DC.

Una declaración de inocencia no solo reivindicaría a Manafort, que perdió la libertad condicional y está encarcelado desde junio por la acusación de haber intentado manipular a testigos del segundo juicio. También indirectamente beneficiaría a Trump, que aunque se ha dividido entre criticar lo que considera un trato excesivamente duro a su antiguo empleado y minimizar la relevancia de su trabajo en la campaña, insiste en que todo el proceso que está llevando a cabo Mueller es una “caza de brujas”. Este mismo martes, sin mencionar el arranque del juicio a Manafort, colgaba un mensaje en Twitter, asegurando que “la colusión no es un crimen”, y añadiendo: “Eso no importa porque no hubo colusión”.

“Que cante”

Lo que está abierto a la interpretación es si con el juicio, aunque no esté relacionado directamente con la injerencia rusa, Mueller intenta lograr la cooperación de Manafort en busca de objetivos más ambiciosos. Él, por ejemplo, estuvo en la polémica reunión de junio del 2016 en la Torre Trump en la que el hijo mayor de Trump, Donald Jr., y su yerno, Jared Kushner, se reunieron con una abogada rusa con contactos en el Kremlin que ofreció información comprometedora sobre Hillary Clinton.

Son muchos quienes creen que la oficina del fiscal especial sí juega esa carta de presión. Y entre ellos se puede contar al juez del caso de Virginia, T. S. Ellis, que en una vista previa en mayo llegó a decir a los fiscales: “Realmente no les importa el fraude bancario del señor Manafort, les importa la información que pueda darles que afectaría al señor Trump y llevaría a imputarlo o al 'impeachment'”. El juez llegó a decir que querían que Manafort “cante”. También aseguró que estaban “apretando las tuercas” al exjefe de campaña “para obtener la información que realmente quieren”.

Nada apunta a que Manafort esté por esa labor, aunque una declaración de culpabilidad y la posibilidad de acabar la vida que durante décadas estuvo marcada por el lujo en una cárcel bien podrían hacerle cambiar de opinión. De momento, se sienta en el banquillo. Y el país y el presidente siguen un caso en el que, por más que se prometa no pronunciar la palabra Rusia, y por más que el juez haya pedido este martes evitar la politización, ambas cosas parecen inevitables.