Marruecos vuelve a las urnas este viernes para unas elecciones legislativas que se presentan muy disputadas entre las dos principales fuerzas políticas, el Partido de Autenticidad y Modernidad (PAM), próximo a palacio, y los islamistas moderados del Partido de Justicia y Desarrollo (PJD), actualmente en el Gobierno y que llevan ventaja en las encuestas. En un país donde los principales resortes del poder permanecen en manos del rey Mohamed VI, hace cinco años los islamistas alcanzaron por primera vez el Gobierno, en un contexto regional, la denominada primavera árabe, que empujaba a la sociedad marroquí a superar la barrera del miedo y reclamar la democratización de las instituciones, una separación real de los poderes y una Constitución auténticamente parlamentaria.
Mientras que en otros países del sur del Mediterráneo, como Libia, Túnez y Egipto, el islam político hace temblar las estructuras de poder y, de paso, a las instancias europeas, en Marruecos no hay nada por lo que temer con un Gobierno islamista, vistos los cinco años de legislatura encabezada por el carismático Abdelilá Benkirán, secretario general del PJD, que ha gobernado en coalición con otras formaciones de distintas tendencias. En todo momento, Benkirán ha respetado al árbitro supremo de Marruecos, Mohamed VI, jefe político y comendador de los creyentes, a quien el presidente se ha dirigido siempre en términos de sumisión.
LAS REGLAS DEL JUEGO
Esta actitud generó fricciones internas en la formación política, pero según fuentes del propio PJD, “todo el partido ha acabado comprendiendo que se debe diferenciar entre el Rey, Su Majestad, con quien caminamos en la misma dirección, y el Majzén[estructuras de poder central en el entorno real], que sigue estancado en el inmovilismo y no quiere cambios para el pueblo”. En las filas islamistas se ha impuesto la tesis de que hoy por hoy en Marruecos las reglas del juego son las que son y que si quieren transformar la realidad social y económica del país se debe hacer desde dentro del Gobierno, con sus peajes. “Desde los atentados de Casablanca del 2003, el PJD ha mostrado su voluntad de colaborar con la monarquía. Solo así, según ellos, pueden continuar con su proceso de reformas”, afirma la investigadora Beatriz Tome, miembro del equipo de observadores desplazado a Rabat con el Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (Opemam) .
Aun así, parte de la oposición siembra el miedo a una posible islamización del país. El PAM insiste en que los islamistas pueden llevar a Marruecos a la debacle y reclama la paralización de lo que denomina "medidas islamizadoras". El PJD se defiende asegurando que “no es momento de hablar de la identidad”. “Todos son conscientes, dentro y fuera de Marruecos, de que somos un partido como otro cualquiera que se preocupa por los problemas de la gente y trabaja para cambiarlos. La inversión extranjera sigue llegando, y hemos mejorado, por ejemplo, la condición social de las mujeres divorciadas mientras esperan las sentencias de los jueces, y también hemos aumentado las becas para los estudiantes. Puedo estar satisfecho”, dice a este diario el alcalde de Rabat, el islamista Mohamed Sadiki. A todo ello, no hay que olvidar que la principal organización islamista del país, el vigoroso movimiento Justicia y Caridad, ilegal aunque parcialmente tolerado, se mantiene fuera del sistema y sigue sin participar en las elecciones. Y que hay varios grupos extremistas en activo.
Sadiki destaca otras tres grandes reformas llevadas a cabo en esta legislatura: la eliminación de las subvenciones del gasoil y la gasolina -coincidiendo con un bajada importante de los precios del barril- y también del azúcar, "porque favorecía especialmente a las clases altas"; una reestructuración de las tarifas de la luz y del agua, "en beneficio siempre de las clases más bajas", y la reforma de las pensiones de los funcionarios públicos, uno de los puntos más calientes porque se ha subido la cotización social y se han reducido las pensiones, afectando, sobre todo, a las clases altas.
EL GANCHO DE BENKIRÁN
La figura de Benkirán es un gran activo para el PJD. Su retórica popular, los mensajes sistemáticos destinados al “pueblo”, le han convertido en el primer jefe de Gobierno “con gancho” y que “sabe hablar a la calle”, sostienen sus partidarios. Si antes su voto se concentraba en las zonas urbanas, en la actualidad empieza a captar un electorado del mundo rural que tradicionalmente votaba a los viejos partidos vinculados al Majzén, como el histórico Istiqlal, ahora en horas bajas.
La oposición, obviamente, ve las cosas de otra manera. El PAM, que centra su programa en modernizar y dinamizar la economía, afirma que los islamistas no disponen de programas económicos que permitan crear riqueza y que las promesas sociales que les auparon no se han cumplido. “La tasa de la deuda pública ha explotado, la promesa de reducir el analfabetismo del 30% al 20% quedó en nada, el desempleo sigue disparado. Se han dedicado a hablar en lugar de trabajar”, dice a este diario el diputado opositor Samir Belfkih.
Lo cierto es que el déficit público ha bajado del 7,4% en el 2012 al 3,5% en el 2016, y la tasa de crecimiento económico está en el 1,5%, la mitad de lo previsto, tras una mala campaña agrícola en un país eminentemente rural.
Monarquía parlamentaria, pero...
Oficialmente, Marruecos es una monarquía parlamentaria. Y la reforma de la Constitución del 2011, tras las protestas de la primavera árabe, recortó prerrogativas de la Corona. Sin embargo, el poder real sigue estando en palacio. El rey Mohamed VI sigue siendo el jefe del Estado, el comendador de los creyentes (máxima autoridad religiosa), el jefe de las Fuerzas Armadas y el vértice de la cúpula judicial, además de seguir tutelando las Cámaras -con la potestad de pedir una segunda lectura de todas las propuestas de ley- y la acción del Gobierno.
Una de las reformas clave de la nueva Constitución fue la obligatoriedad de que el Rey nombre presidente del Gobierno al candidato del partido más votado, y no como antes, cuando designaba libremente al primer ministro. Asimismo, ahora nombra a los ministros a propuesta del presidente, y ya no hay los denominados ‘ministros de soberanía’, designados directamente por el monarca y que ocupaban las carteras más importantes. Esa figura ha sido sustituida sin embargo por los ‘ministros delegados’, igualmente surgidos de palacio y con importantes atribuciones.
