Los espasmos de indignación contra la brutalidad policial y la injusticia racial que sacuden Estados Unidos desde el pasado mayo han encontrado nuevos argumentos. Un gran jurado de Louisville (Kentucky) dejó el miércoles sin castigo a los tres policías blancos que mataron en marzo a la afroamericana Breonna Taylor tras irrumpir en la vivienda que compartía con su novio durante una investigación en la que se equivocaron de sospechosos. El controvertido veredicto del jurado popular solo acusa a uno de los policías, pero no lo hace por disparar contra Taylor, sino contra los ocupantes de una casa colindante. La resolución judicial fue recibida con protestas en Louisville y otras capitales estadounidenses.
Los incidentes más graves se produjeron en la capital económica de Kentucky. Dos policías resultaron heridos de bala durante la larga jornada de protestas, según las autoridades locales. En anticipación del fallo, la ciudad se había parapetado con tanquetas y policía militarizada. Hubo más de un centenar de arrestos, gases lacrimógenos y encontronazos con los manifestantes, que reaccionaron al fallo con una mezcla de incredulidad y rabia. Esa misma frustración, acentuada tras conocerse que el único policía imputado salió de la cárcel tras pagar una fianza de 15.000 dólares, se extendió a otras capitales como Nueva York, Los Ángeles, Kansas City, Dallas y Filadelfia.
El nombre de Breonna Taylor ha sido uno de los gritos de guerra de Black Lives Matter, el movimiento que ha liderado las protestas contra el racismo de los últimos meses.
Pero esa justicia se había movido hasta ahora con lentitud y escasa transparencia. La ciudad se negó a hacer públicos los informes de la autopsia o las imágenes que grabaron las cámaras de los agentes vestidos de paisano que irrumpieron en su casa con una orden judicial obtenida para una investigación de narcóticos. Dentro no encontraron drogas ni al sospechoso que buscaban, quien tuvo una relación con Taylor.
En su lugar se toparon con la víctima, una técnica de emergencias de 26 años que dormía cuando derribaron la puerta, y su novio, Kenneth Walker, quien disparó contra los agentes con un arma legal antes de llamar al 911 para advertirles de la aparente irrupción de intrusos en su casa. Walker salió indemne del encontronazo, pero Taylor, que iba desarmada, recibió ocho balazos. «Es una decisión escandalosa y ofensiva», dijo el abogado de la víctima tras conocerse el veredicto.
Los letrados de la policía sostuvieron durante el juicio que los agentes dispararon para protegerse y que se identificaron antes de entrar en la vivienda, una afirmación negada por Walker y varios testigos. Pero los agentes han contado con el respaldo del fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, el primer afroamericano en ocupar el cargo en la historia del estado. Republicano y muy cercano al presidente Trump, Cameron defendió el veredicto y la actuación de los policías. H
