El horror en México se cuenta en entierros y se mide en el tamaño de los ataúdes. Esta vez dos funerales por una masacre: tres mujeres y seis niños de una misma familia acribillados este lunes. Los LeBarón fabricaban los féretros de madera para sus parientes cuyos restos no quedaron calcinados en el atroz ataque perpetrado por un cártel del narcotráfico. En la escena de la emboscada, en la carretera entre los estados norteños de Sonora y Chiahuahua, se encontraron 200 casquillos de bala y una de las tres camionetas carbonizada con cinco cadáveres dentro, entre ellos dos bebés. Sobrevivieron ocho menores.

"Lo grave es que ya ni se respeta la vida de los niños. El crimen está desatado y las expresiones de violencia han alcanzado otro nivel", indica a El Periódico la periodista sonorense Reyna Haydee Ramírez sobre una tragedia que ha vuelto a revolver las tripas de los mexicanos. Aunque en esa zona de Sonora los enfrentamientos son habituales: "En la última década habido al menos tres ataques contra poblados. Se trata de una región inhóspita, abandonada por las autoridades y gobernada por el crimen organizado", afirma.

El rancho La Mora, residencia del clan mormón al que pertenecían las víctimas, se ha convertido en un campamento repleto de tiendas para acoger a un millar de asistentes a los funerales, llegados de varias partes de México y Estados Unidos, donde se extiende esa comunidad mormona.

Un fuerte despliegue militar ha escoltado a las decenas de vehículos que han recorrido los 200km desde la frontera estadounidense hasta la finca La Mora, donde se ha celebrado la misa de Dawna Langford y sus dos hijos. Este viernes se desplazarán a la comunidad LeBarón donde despedirán a Rhonita, Christina y sus pequeños, cuyas cenizas y huesos trasladaron en helicóptero. "Es responsabilidad de la autoridad investigar y decirnos qué sucedió. Es un acto de terrorismo para todos los mexicanos", exclamó Álex LeBarón, exlegislador que encabezaba la caravana.

FALTA DE RESPUESTA

La explicación oficial apunta a que los asaltantes confundieron el convoy con un grupo rival. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló primero a Los Jaguares, célula del cártel de Sinaloa, pero luego acusó a La Línea, antiguos pistoleros del cártel de Juárez. Ambas bandas se disputan el control territorial de esa ruta del narcotráfico desde el 2007 y habían iniciado combates esa madrugada.

Las autoridades tardaron más de cuatro horas en llegar al lugar para atender la llamada de alerta de Julián LeBarón, activista de esa comunidad agrícola, al ver la nube de humo en la serranía. "Los primeros que acudieron fueron soldados, en lugar de las policías estatales o municipales. Eso da cuenta de su inacción o incluso colusión con el crimen en la zona", asegura a este diario el investigador de la Unam, Javier Oliva, quien considera que "es preocupante que en cinco días todavía no haya ningún sospechoso claro".

En ese sentido, si primero acudió el Ejército y ahora la investigación la llevará la Fiscalía estatal, "ya habrá contaminación de evidencias que dificulten esclarecer los hechos" como ha sucedido en otras masacres aún sin resolver, considera Oliva.

AUSENCIA DE AUTORIDAD

En la llanura entre Sonora y Chihuahua, una de las más deshabitadas del país, la ausencia del Estado se refleja hasta en las cifras. El municipio de Bavispe, donde residen los LeBarón, contabiliza tres asesinatos en las últimas tres décadas y en sus alrededores apenas hay registro de impacto delictivo. Sin embargo, el clan ha relatado estos días que en la última década han sufrido secuestros y asesinatos múltiples. Apenas hay nueve agentes policiales para proteger a 4.500 habitantes.

Para cubrir esos agujeros negros, el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) ha centrado su plan de seguridad en la creación de la Guardia Nacional (GN), un cuerpo que fusionó a militares y policías, pero que ha demostrado poca efectividad. "La GN tiene su mayoría de efectivos destinados a combatir el huachicoleo (contrabando de combustible) y a frenar el flujo migratorio, no existe un despliegue territorial para combatir el narco", apunta a este medio el criminólogo Martín Barrón, quien pone en duda el discurso pacifista de Amlo.

"Si el mensaje es no atacar ni perseguir a los criminales, estos se sienten con poder para enfrentarse con más virulencia contra las autoridades", afirma el analista refiriéndose a la decena de muertos y seis civiles heridos por varios ataques simultáneos para sabotear un operativo en Ciudad Juárez. O a los siete cadáveres ejecutados en camionetas hallados en Jalisco ese mismo día.

LA PRESIÓN DE EEUU

La matanza de los LeBarón ha dilatado las críticas a la estrategia de seguridad de Amlo que arreciaban desde los combates en Culiacán a mediados de octubre. El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó la doble nacionalidad de las víctimas mormonas para ofrecer una intervención militar. "Es momento de que México, con ayuda de EEUU, declare la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra", lanzó en un tuit.

Una amenaza velada que cuestiona la capacidad de la Administración mexicana para combatir al narco y supone otra vuelta de tuerca en la presión de Trump a su vecino. Amlo respondió que "la política se hizo para evitar la guerra" y su gabinete enfatizó que las balas de la masacre provinieron de EEUU.

Frenar el tráfico ilegal de armas es una de las peticiones de México en las constantes negociaciones con Washington por la cuestión migratoria. Y mientras esos dardos agitan la acordeónica relación entre ambos países, México trata de digerir otra nueva tragedia cuya brutalidad esta vez ni siquiera dejó a los cuerpos para poderlos enterrar.