Los supervivientes de la masacre escolar de Florida se han erigido en el poderoso contrapunto a la pasividad política para atajar el problema endémico de las armas en Estados Unidos. Menos de una semana después del tiroteo de Parkland, en el que 17 estudiantes y tres profesores fueron asesinados a balazos por un exalumno que había sido expulsado del instituto Marjorie Douglas, los compañeros de los fallecidos se han movilizado para reclamar soluciones y denunciar la connivencia de la clase política con la industria de las armas. En entrevistas, columnas de opinión y en las vigilias por las víctimas, su voz ha resonado con una fuerza desconocida desde hace años. “Esto no va de republicanos contra demócratas, sino de aquellos que tratan de matarnos contra aquellos a los que no les importan nuestras vidas. Nosotros somos los niños, ustedes son los adultos, pero están actuando como unos niños”, ha dicho Cameron Kasky, un alumno de secundaria.

Los estudiantes se enfrentan a una misión casi imposible, aunque no les está temblando el pulso para señalar con nombres y apellidos al presidente Donald Trump, al gobernador de Florida, Rick Scott, o al senador, Marco Rubio, tres de los más fieles defensores de las armas y aliados de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), que compra voluntades con sus donaciones electorales y la movilización visceral de sus millones de afiliados. En los últimos tres ciclos electorales, la ANR se gastó más de 10 millones de dólares en contribuciones de campaña. Por el momento, han conseguido que Trump acepte reunirse el miércoles con ellos y un grupo de profesores o que esté dispuesto a contemplar un proyecto de ley para mejorar los ‘background checks’, el sistema para prevenir que los estadounidenses con antecedentes penales puedan comprar armas legalmente.

Presión popular

En EEUU los cambios se gestan siempre desde la base. Nacen de la presión popular, raramente al revés. Y como hicieron antes los movimientos Black Lives Matter, los Dreamers o el #MeToo, los estudiantes se están organizando para que sus demandas no sean flor de un día. Con el apoyo de otras organizaciones sociales han convocado un parón en todos los centros escolares del país para el próximo 14 de marzo y una marcha en Washington y otras capitales para el 24 de ese mismo mes. “Marcharemos porque no solo es en los colegios. Es en los cines, en los teatros, en las discotecas. Esta clase de cosas no pueden seguir pasando”, le dijo a la NBC, Alex Wind, otro de los supervivientes del tiroteo de Parkland.

Aunque el fatalismo suele ser la norma al abordar el problema de la violencia armada, la experiencia demuestra que cuando se endurecen las leyes de las armas, suele también caer la cifra de homicidios, suicidios y accidentes letales por arma de fuego. Así sucedió en Nueva York y Connecticut tras la masacre en la escuela de Sandy Hook, donde fueron asesinados una veintena de niños de primaria y varios profesores en 2012. Como reacción a la tragedia, Connecticut prorrogó la prohibición de las armas de asalto, vetó los cargadores de más de 10 balas y obligó a los dueños de ambos a registrarse en una base de datos estatal. En 2016 registró 164 muertes por arma de fuego, frente a las 226 de 2012.

Leyes muy restrictivas

Esta correlación no siempre funciona. Los ejemplos más notorios son los de Chicago y Baltimore. Ambas tienen cifras altísimas de homicidios con arma a pesar de contar con leyes muy restrictivas. En su caso, buena parte de la violencia está relacionada con las pandillas, las drogas y la pobreza endémica de sus comunidades negras. Y es que por más que se pongan algunas trabas a la compra legal de armas, EEUU es un país inundado de rifles y pistolas. Hay más de 300 millones en manos de sus civiles, suficientes para alimentar perpetuamente el mercado negro.