El sistema judicial salvadoreño sigue manteniendo bajo la sombra de la impunidad la masacre cometida en la Universidad Centroamericana (UCLA). Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, así como Elba Ramos y su hija Celina.
Fue el director de la Escuela militar, el coronel Guillermo Benavides, quien dio la orden de atacar a los jesuitas, impulsores del diálogo entre el Ejército y la guerrilla, en plena guerra civil. En 1991, un tribunal penal condenó a Benavides y al teniente Yusshy Mendoza a 30 años de prisión, pero una ley de amnistía de 1993 permitió que salieran libres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró en diciembre del 1999 que el juicio fue «simulado». En el 2000, la justicia dictaminó un «sobreseimiento definitivo» pero en el 2016 se anuló la ley de amnistía y la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad. En abril del 2018 se ordenó la reapertura de la causa penal. El proceso está en fase de elaboración de la acusación fiscal y entre los señalados está el expresidente Alfredo Cristiani. La guerra que enfrentó al Ejército y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. A. G.
