La disputa política vuelve a encontrar a los bolivianos frente al fantasma de la resolución violenta. Esa posibilidad se acrecentó cuando un sector de la policía decidió respaldar al dirigente ultraconservador de la región de Santa Cruz, Luis Camacho, en su cruzada para forzar la dimisión del presidente Evo Morales. Los motines de los uniformados empezaron en la región cruceña, la más próspera del país, y se extendieron hacia Cochabamba, Sucre y otros departamentos del país. El Gobierno advirtió a la comunidad internacional de que está en marcha un golpe de Estado. "La democracia está en riesgo", reconoció Morales y llamó a sus adversarios a "preservar la paz y la vida".
Los policías se sumaron a las protestas que la oposición más dura lidera en las regiones decididamente lanzadas a llevar adelante los cambios políticos en las calles. Ya no impugnan los resultados electorales que dieron la victoria al presidente en primera vuelta y que son auditados por la Organización de Estados Americanos (OEA). A estas alturas de los hechos, solo buscan su dimisión. Camacho, quien encabeza ese reclamo, ha dejado en un lugar irrelevante a Carlos Mesa, el rival electoral de Morales en octubre. El empresario ha prometido el regreso de la Biblia y Dios a la sede del Ejecutivo. En su camino estrecha la alianza con exaliados del Gobierno.
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, aseguró que las Fuerzas Armadas no disolverán las protestas policiales. Morales no quiere repetir lo ocurrido en el 2003, cuando una huelga policial terminó con nueve muertos de la institución y otros cuatro militares. El episodio aceleró la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Losada. Su vicepresidente era Mesa. Su gestión interina concluyó en el 2005 en medio de un país otra vez paralizado entre otros por Morales, a quien ahora Camacho quiere desplazar.
