Ágatha Félix murió acribillada por la espalda. Tenía ocho años. Las balas fueron escupidas nuevamente por la policía de Río de Janeiro. El gobernador del estado, Wilson Witzel, se ha mostrado despreocupado frente a la indignación social. "Es indecente usar un ataúd como podio, especialmete el de una niña", dijo este exjuez y exsoldado de infantería de marina que defiende el combate directo al crimen en las favelas (barriadas pobres) al punto de haber fantaseado en junio con lanzarles un misil. Witzel culpó de lo ocurrido al narcotráfico y a los consumidores. "Los que fuman hierba y esnifan cocaína ayudaron a apretar este gatillo", dijo. El espaluznante caso de Ágatha, insistió, no puede amenazar el proyecto de ley contra la delincuencia que promueve a nivel federal el Gobierno de ultraderecha.

Félix se encontraba al interior de un vehículo en el Complejo de Alemao, un conjunto de favelas en la zona norte de Río que es objeto de disputas entre facciones del narcotráfico, cuando un grupo de uniformados comenzó a disparar en presunta respuesta a un ataque de pistoleros. Su muerte constituye el quinto caso de estas características en Río desde que comenzó la era Witzel. Una nueva y multitudinaria protesta se llevó a cabo frente a la sede de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) para recordar que además de los niños, 1244 civiles perdieron la vida en el marco de acciones policiales que se realizan con una implícita licencia para matar. El número de víctimas fatales entre enero y julio de este año constituye un récord y supera en un 20 % la ya cifra registrada en el mismo período del año pasado, cuando el Gobierno Federal autorizó una intervención militar para detener la ola de violencia.

La Fiscalía de Río de Janeiro lamentó el deceso y dijo que "el uso inapropiado o extralegal de la fuerza letal por parte de la policía afecta la legitimidad de la institución y constituye un problema público que debe ser ampliamente debatido". Hasta el ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, paladín de la mano dura y una pieza fundamental del equipo del presidente Jair Bolsonaro, lamento la muerte de Ágatha y dijo "confíar" en que los hechos "serán aclarados por completo por las autoridades".

OLA DE DENUNCIAS INTERNACIONALES

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos acusaron a Witzel ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado a investigar "de manera rápida y diligente" el crimen para "castigar a los responsables". Unicef Brasil exigió "un compromiso para proteger el derecho a la vida de todas las niñas y niños".El gobernador carioca fue a su vez denunciado ante la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, por la ONG Global Justice y otras organizaciones sociales.

El espiral de violencia en Río ya había sido advertido públicamente por Bachelet semanas atrás. Bolsonaro reaccionó despectivamente frente al señalamiento. En esa oportunidad, el ex capitán del Ejército ensalzó la dictadura del general Augusto Pinochet y se mofó del padre de la alta comisionada, el general Alberto Bachelet, muerto ante la imposibilidad de poder soportar la tortura."Me da pena Brasil", dijo la alta comisionada el pasado fin de semana.

LA POLÉMICA LEY DE SEGURIDAD

Una foto de Ágata sonriente y vestida como la Mujer Maravilla, circula profusamente en las redes sociales y ha sido incluída en todos los medios de comunicación brasileños. "El gobernador que solo piensa el muerte", lo definió el diario paulista Folha, para señalar su inocultable responsabilidad política. Witzel tiene en estos momentos una preocupación: no quiere cargar con el peso de un eventual naufragio del proyecto la Ley de Seguridad en el Congreso. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, sostuvo que tras los episodios de Río la iniciativa merecer ser otra vez revisada antes de su aprobación.

"No hay motivo para que alteremos todo por un hecho aislado como éste. No tenemos nada que esconder. Yo orienté a los comandantes de la policía para darle prioridad a la investigación y que actúen con rigor. Todos los casos llegados a la comisaría (de civiles muertos en operaciones policiales) han sido investigados", dijo el gobernador.