Medio centenar de personas detenidas en protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fueron enviadas el lunes a la cárcel conocida como "La Modelo", la más grande y segura del país, sin que se conozcan las razones, informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

"Los privados de libertad del 'Nuevo Chipote' han sido trasladados al Sistema Penitenciario de Tipitapa. Se nos informó (que) son cerca de cincuenta los ciudadanos que fueron llevados hoy (lunes) en el transcurso de la mañana a 'La Modelo'", informó el abogado de la CPDH, Julio Montenegro, en sus redes sociales.

La suerte de los llamados "presos políticos" es una de las mayores preocupaciones de diversos sectores de Nicaragua, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.

El traslado de reos se da en la víspera de la reunión del Gobierno con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a petición del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

El nuncio y Rosadilla participaron como "testigos y acompañantes" de las negociaciones desarrolladas del 27 de febrero al 3 de abril entre el Gobierno y la Alianza, que terminó con acuerdos para dos temas generales, mientras que otros dos quedaron inconclusos.

El 29 de marzo, cinco días antes de concluir las negociaciones, las partes firmaron varios acuerdos que se resumían en que el Ejecutivo liberaría de forma definitiva a cientos de manifestantes presos, y que respetaría la Constitución de Nicaragua en lo referente a la libertad de expresión y prensa.

El Gobierno y la Alianza no lograron ponerse de acuerdo en el tema de la justicia para las víctimas de la crisis y el restablecimiento de la democracia, que según los opositores el Gobierno se niega a convenir.

El tema de los "presos políticos" fue clave en la conclusión de las negociaciones antes de alcanzar acuerdos en todas las áreas de discusión.

Tanto la Alianza como la Unidad Nacional Azul y Blanco han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con ninguno de los compromisos, ya que 250 "presos políticos" excarcelados fueron enviados a sus casas bajo régimen de convivencia familiar, y cada intento de manifestación en las calles ha sido objeto de represión.

La crisis de Nicaragua, iniciada en abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que oenegés locales elevan la cifra a 568 y el Ejecutivo reconoce 199.