El Gobierno de Nicaragua informó este viernes de que los bienes incautados a las nueve ONG a las que la Asamblea Nacional les canceló su estatus jurídico pasan a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.
La decisión fue tomada por el Ministerio de Gobernación, que a su vez advirtió a las ONG afectadas que los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo "no pueden ser objeto de ningún tipo de transacción por parte del organismo, sus representantes o cualquiera de sus miembros".
Los organismos a los que el Parlamento de Nicaragua despojó de su legalidad son el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.
También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.
RECIBIERON UNA NOTIFICACIÓN FORMAL
El Ministerio de Gobernación aseguró que esos organismos recibieron notificación formal de cancelación de su personería jurídica por la Asamblea Nacional, mediante decreto legislativo.
"Esta cancelación obedeció al hecho de que estos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento, y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales, indicó esa institución.
Ese ministerio acusó a esos organismos de promover "terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de propiedades públicas y privadas, de viviendas, de negocios, y de asalto a la dignidad humana de miles de personas y familias".
También reprocha a esas ONG de gestionar y canalizar, hasta su cierre, fondos y recursos que disponían "para cometer todas esas gravísimas violaciones y alteraciones a los derechos humanos, al orden público, y violentando el derecho a la seguridad y la vida de las personas y familias en Nicaragua".
Todos esos actos irregulares de promoción de odio, terrorismo y todos los crímenes derivados, constituyeron una completa desnaturalización del objetivo y la finalidad que había justificado el otorgamiento de su personería jurídica, continuó.
"Estos organismos violentaron a través de todo tipo de irregularidades, no sólo la administración de los fondos gestionados y recibidos, sino que atentaron gravemente contra la paz, y los derechos humanos de los nicaragüenses", agregó la entidad.
En total, la Asamblea Nacional nicaragüense ha retirado la personería jurídica a nueve ONG en las últimas dos semanas.
EN CRISIS
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
