La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha empezado el juicio en el que se acusa a Birmania del genocidio de la minoría musulmana rohinyá. La consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz, ha consternado al mundo al encabezar la delegación que tratará de impugnar la acusación de Gambia ante la CIJ para defender el "interés nacional" de su país.

La acusación se refiere a dos oleadas de brutales operaciones militares del Ejército birmano en 2016 y 2017, en las que miles de civiles fueron asesinados y un total de más de 800.000 rohinyas huyeron a Bangladés.

Gambia denunció, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, el pasado 11 de noviembre a Birmania ante la CIJ por violar la Convención contra el Genocidio de 1948, que el país del sudeste asiático ratificó en 1956, por sus campañas contra los rohinyas.

La acusación, que también ha sido apoyada por Canadá y Holanda y está limitada temporalmente al periodo posterior a 2016, se basa en un informe elaborado por una misión de investigación internacional de la ONU que, en agosto de 2018, concluyó que las operaciones militares habían sido llevadas a cabo con "intención genocida".

La acusación está liderada por el ministro de Justicia gambiano, Abubacarr Tambadou, jurista con experiencia en el tribunal establecido por la ONU para juzgar el genocidio de Ruanda, y cuenta con un equipo de reputados abogados internacionales.

"INTERÉS NACIONAL"

El equipo liderado por la consejera de Estado contará con la ayuda del prestigioso experto canadiense en derecho humanitario y genocidio William Schabas, que en 2010 encabezó una investigación del Irish Centre for Human Rights que acusaba al Ejército birmano de cometer crímenes de lesa humanidad contra los rohinyas.

Aunque es inusual que un jefe de Estado se presente ante La Haya y Suu Kyi la líder birmana encabeza su equipo legal en calidad de ministra de Asuntos Exteriores, cargo que también ostenta.

La decisión de Suu Kyi, que hasta el momento ha negado las acusaciones contra el Ejército de perpetrar atrocidades en Arakán, ha contribuido a reforzar su popularidad en Birmania, donde está generalizada la idea de que los rohinya son inmigrantes ilegales de Bangladés pese a haber vivido en el país durante siglos. Las operaciones del Ejército contaron con un amplio apoyo popular.

EL JUICIO

El juicio en la CIJ, que podría prolongarse durante años, no implica cargos penales contra individuos, sino una litigación entre los dos estados en la que el tribunal se limitará a sopesar los argumentos presentados por ambas partes.

Las primeras vistas del juicio se celebrarán en La Haya entre hoy y el 12 de diciembre y en ellas tanto Gambia como Birmania presentarán oralmente y en audiencia pública sus argumentos en la sede de la CIJ.

CONSECUENCIAS

En esta primera fase del juicio, el Tribunal debe decidir si solicita medidas provisionales a Birmania para garantizar que no se produce ninguna violación de la Convención contra el Genocidio y, de hacerlo, la orden sería enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia tienen derecho a veto y lo han empleado en el pasado para defender a Birmania.

Entretanto, varios generales del Ejército birmano se enfrentan a posibles acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), también radicado en La Haya y a una denuncia en Argentina según el principio de justicia universal