Pekín abrirá en Hong Kong una oficina para recoger y analizar información relativa a la seguridad nacional y el jefe ejecutivo de la excolonia podrá elegir a magistrados. Esas dos novedades están incluidas en un borrador de la ley de seguridad nacional que publicó ayer la prensa oficial tras concluir la reunión de tres días de la cúpula del Partido Comunista. El escrito aclara que la nueva oficina servirá también para interpretar cómo se aplica la norma y que esta prevalecerá en caso de colisión con el cuerpo legislativo anterior. Los tribunales hongkoneses, añade, mantendrán su jurisdicción excepto cuando concurran «ciertas circunstancias» que no enumera.

La ley es una medida excepcional para unos tiempos excepcionales, después de meses de protestas violentas que instalaron el caos social en la excolonia y devastaron su economía ante lo que consideran como una injerencia de Pekín en la independencia parcial de la que disfrutan como parte de las condiciones de devolución pactadas por Reino Unido con China.

Esta norma contempla delitos como la subversión, el separatismo, el terrorismo y la injerencia extranjera y, según ha asegurado Pekín, preservará los derechos humanos tras la oleada violenta y solo perseguirá a la minoría vandálica.

Este organismo se encargará de «supervisar, dirigir y coordinar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno local hacia la seguridad nacional» cuando perciba los delitos anteriormente mencionados. Los disidentes hongkoneses temen quedar jurídicamente indefensos si se les aplican estos cargos.

Asimismo, esta comisión se encargará de «recopilar cualquier tipo de información de inteligencia relevante a los intereses de seguridad del territorio, en colaboración con la Judicatura de Hong Kong» para gestionar «los casos que afecten a la seguridad nacional». Estos casos serán instruidos por magistrados elegidos por la jefa ejecutiva del territorio, Carrie Lam, completamente subsirviente a los poderes centrales de Pekín.

Hong Kong debería haberla dictado dos décadas atrás, según los acuerdos firmados tras la devolución británica a China, pero la presión popular lo había impedido. La reciente Asamblea Nacional Popular, el legislativo chino, aprobó un atajo que ha sido descrito por sus críticos como un torpedo a la fórmula «un país, dos sistemas». Es probable que la ley se firme en las vísperas de las elecciones al Parlamento hongkonés, previstas en septiembre, y en las que el bando antigubernamental aspira a una inédita victoria.

La ley supone el enésimo choque entre las dos grandes potencias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó el viernes que Washington dejará de considerar a Hong Kong como una ciudad autónoma, preparando el camino para privarla del estatus económico especial que disfruta actualmente. La medida sería catastrófica para una capital financiera que coquetea con la recesión. El Parlamento europeo votó la semana pasada a favor de llevar a Pekín ante el Tribunal Internacional de la Haya si aprueba finalmente la ley.