La emergencia económica, tarifaria, energética, social y sanitaria ha entrado en vigor en Argentina para un periodo de seis meses. La normativa que faculta al presidente Alberto Fernández a llevar a cabo lo que considera como una nueva reconstrucción del país -ley de emergencia aprobada por el Parlamento- tiene un título tan rimbombante como extenso: ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública.
El peronismo considera que se trata de un instrumento vital para enfrentar la herencia del Gobierno de derechas, desde atender a casi el 41% de pobres hasta la necesidad de aliviar temporalmente el peso de la deuda externa, reactivar el consumo y proteger a los sectores más expuestos a la crisis.
La ley suspende por seis meses los aumentos de las pensiones de los sectores medios y altos y busca beneficiar a los que menos ganan, reasigna partidas presupuestarias para promover el gasto social y grava un 30% la compra de dólares de los que ahorran y de los que se van de turismo al extranjero. «Lo que tiene que saber la gente que viaja para esparcimiento es que el dólar es un bien escaso. Como no hay, tiene que estar muy caro».
Gran parte de los esfuerzos de las autoridades está relacionada con la necesidad de un acuerdo con los acreedores externos, entre ellos el FMI. Fernández insiste en que Argentina no puede afrontar los vencimientos del 2020 y, de hecho, está en suspensión de pagos. Solo entre enero y junio del año venidero, el país debe pagar 45.000 millones de dólares, pero Argentina espera tener al menos un respiro de dos años.
Otra de las claves de la ley está vinculada con la reestructuración de tarifas de los servicios públicos, según los criterios de «equidad distributiva». Fernández insistió en que su antecesor, Mauricio Macri, solo buscó favorecer a sus amigos del sector energético. Algunos estudios detallan que en el 2015 una familia pagaba por 350 kilovatios 9,45 pesos (0,15 euros). Cuatro años después paga casi 60 veces más.
