El dolor y la rabia son evidentes en el barrio de Senkata, en la ciudad boliviana de El Alto, cuyos vecinos empezaron este miércoles a despedir a las víctimas fatales de los disturbios ocurridos en la víspera frente a una refinería de gas.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha confirmado la muerte de ocho personas tras un operativo militar y policial que buscaba desbloquear el paso para llevar combustibles desde la planta de Senkata hasta la vecina ciudad de La Paz.
El templo San Francisco de Asís, donde desde la noche del martes pasado se vela a varios de los fallecidos, fue el espacio donde los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) empezaron a practicar las autopsias.
Un barrio alterado
El resto de El Alto parece casi ajeno a lo ocurrido en Senkata, casi porque aunque sus calles no están desiertas por completo, esta ciudad, la segunda más poblada de Bolivia, está lejos de su cotidianeidad rebosante de vehículos, sobre todo de transporte público, además de comercio y gente.
Muy pocos vehículos se animan a acercarse hasta los barrios colindantes con Senkata, ante los bloqueos callejeros instalados desde el puente Bolivia sobre la Avenida 6 de marzo, que es parte de la carretera hacia la región andina de Oruro, la central Cochabamba y a otra ruta que va hacia Chile.
Una caminata de unos cinco kilómetros desde el puente Bolivia aguarda a quienes se animen a llegar hasta Senkata, en medio de piedras, alambre, tubos de metal, restos de fogatas, ladrillos, palos y enormes trozos de cemento colocados a lo largo de esta avenida para impedir el paso de vehículos.
Parte de un puente peatonal que fue tumbado la noche del martes, tras conocerse que hubo muertos en Senkata, avisa que uno ya se encuentra en ese barrio alteño. La gente va y viene sobre la avenida, muchos portando la wiphala, la multicolor bandera indígena. Al ver periodistas en la zona, la recomendación, a veces gentil, a veces en tono hostil, es "digan la verdad".
Los restos de la batalla
La muchedumbre es mayor cerca de la refinería, donde varios trechos de su muro perimetral fueron destrozados en la víspera y ahora en cada espacio hay militares custodiando para evitar que la gente entre.
Algunos de los que se dirigen hacia el lugar donde están los fallecidos se detienen a insultar a los militares, llamándoles "vendidos" y amenazando con que pagarán por las muertes. En el lugar conocido como la extranca de Senkata, centenares de vecinos, campesinos de la región de La Paz y otros sectores se congregaron para esperar a que concluyan las autopsias que se realizaban desde el mediodía, con encendidos discursos en contra del Gobierno interino de Jeanine Áñez.
Unas calles más allá, los ánimos están exacerbados, sobre todo en los alrededores de la parroquia San Francisco de Asís, a la espera de que los forenses concluyan su labor.
Familiares piden justicia
Los cuerpos de algunos fallecidos yacen sobre las bancas del templo cubiertos con frazadas, mientras que otros ya fueron colocados en ataúdes, rodeados por las familias, con semblantes de dolor algunos y de enojo otros.
Uno de los fallecidos es Juan José Tenorio, de 23 años, cuyo hermano mayor que pidió mantener su nombre en reserva, reclamó que su muerte no quede en la impunidad. "Lo han matado a mi hermano como a un perro, yo me siento dolido. Anoche lloré toda la noche, estoy seco, toda mi familia ha llegado y hasta ahora no podemos aceptar la muerte", confesó a Efe.
El hombre aseguró que su hermano no estaba con los manifestantes que protestaban cerca de la refinería, pero se acercó para ayudar a sacar a los heridos que fueron cayendo a causa de la "balacera". También se lamentó porque Juan José deja una viuda y un hijo pequeño y pidió a las autoridades que se pongan "la mano al pecho".
La gente está enojada
Otro de los fallecidos es Joel Colque Patty, de 22 años, cuyo hermano Carlos declaró a Efe que "los militares lo han reprimido". "Él iba a su trabajo, él no era ningún manifestante, no pertenecía a ningún grupo político, no era delincuente", exclamó entre duras críticas al Gobierno interino.
Según el hermano, la gente está "con la sangre hirviendo" por lo ocurrido y pidió que se indemnice a los familiares de las víctimas. "Sé que ni el dinero nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero pedimos que nos respondan por nuestros muertos", sentenció.
La Defensoría del Pueblo cifra en ocho los muertos en los sucesos del martes, según explicó a Efe la encargada nacional de esa institución, Nadia Cruz, que acompaña la labor de los forenses. "Dos de ellos, de acuerdo a los informes médico forenses, hubiesen fallecido como consecuencia de impactos de bala", detalló tras acercarse a la iglesia.
Se percibe mucho dolor en el ambiente
La Defensora expresó su dolor por lo ocurrido en El Alto, donde "hay mucho luto, mucho dolor, mucho pedido de justicia en las calles", lo que a su juicio deberá ser respondido por el Estado con justicia. La funcionaria reconoció que las posibilidades de diálogo que había en la víspera "han disminuido", aunque indicó que su oficina seguirá intentando un acercamiento entre estos sectores y las autoridades.
"La gente no quiere más muertos, la gente no quiere sentirse más afectada. Es importante que el Estado pueda dar una señal de pacificación, posiblemente retirando a las Fuerzas Armadas de las calles, llamando a un diálogo sin persecuciones en paralelo", concluyó.
Con los ocho fallecidos en El Alto, la cifra de muertos desde que estalló la crisis en Bolivia tras las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre sube a 32, según Cruz. El Gobierno de Áñez mantiene que los disparos mortales no son de militares, pero por ahora no hay versión oficial sobre los autores.
