Nadie esperaba una sorpresa en Polonia y no la ha habido. Tras cuatro agitados años de mandato, el partido gobernante Ley y Justicia (PiS) ha vuelto a arrasar en las elecciones legislativas que se celebraron ayer. Acomodada en el poder, la formación ha capturado un 43,6% de los votos (según los sondeos a pie de urna), una abrumadora victoria que le permitirá seguir marcando el rumbo de Polonia a base de recetas ultranacionalistas, conservadoras y euroescépticas. Jaroslaw Kaczynski celebró anoche la victoria.

Las políticas impulsadas por Varsovia han despertado muchas críticas entre sus socios de la Unión Europea (UE). Sin embargo, de puertas para adentro, los ciudadanos han vuelto a premiar a los conservadores con una victoria aún más abultada en el Parlamento polaco (Sejm). Ya lo hicieron en las europeas de mayo, cuando crecieron hasta el 42,4% de los votos, y lo han vuelto a hacer ahora.

La segunda plaza en estos comicios fue para la Coalición Cívica, una plataforma que agrupa cuatro partidos liberales, conservadores y socialdemócratas, un popurrí electoral fundado en marzo del 2018 con la intención de vencer al todopoderoso PiS. El 27,4% de los votos conseguidos sabe a objetivo fallido, pues supone un retroceso de 4,3 puntos para las formaciones que lo integran. Por su lado, el partido izquierdista Lewica crece al 11,9% de los votos con un programa progresista opuesto al del gobierno.

La incontestable victoria del partido de Jaroslaw Kaczynski supone un fuerte espaldarazo a la deriva reaccionaria orquestada por el gobierno de Polonia durante los últimos años. En el país más fervientemente católico del Europa, el PiS se opone al aborto, la eutanasia, a la educación sexual y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Kaczynski llegó a decir que los gays son «la ruina de la civilización» y que los inmigrantes causan «enfermedades infecciosas».

A su rechazo total a la acogida de refugiados y a una retórica nacionalista hay que sumarle sus ataques al sistema judicial. El año pasado miles de personas protestaron en las calles contra una reforma judicial con la que el Ejecutivo quería forzar la jubilación de decenas de magistrados del Tribunal Supremo y supeditarlo al control del gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a congelar esa medida.