El Parlamento húngaro aprobó ayer, con prácticamente toda la oposición en contra, una enmienda legal que autoriza al Ejecutivo del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, a gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus. El Ejecutivo de Orbán podrá emitir decretos y decidir cuándo ha pasado la situación de emergencia bajo la que se ha justificado el cambio legal. El Gobierno magiar podrá, por ejemplo, suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones «que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa» frente a la epidemia y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.
La propuesta fue apoyada por 137 diputados del partido gobernante, el Fidesz, y de la formación de extrema derecha Nuestra Patria, mientras que otros 53 opositores votaron en contra. La reforma se basa en el artículo de la Constitución que permite dar al Gobierno poderes extraordinarios en caso de «situación de peligro». Esta medida ha sido especialmente criticada por la oposición, ya que consideran que podría servir como un instrumento de censura y también para silenciar las críticas.
La oposición, desde la extrema derecha hasta la izquierda, ha criticado que no haya limitación al tiempo que el Gobierno puede dirigir el país sin control parlamentario y había pedido que ese periodo fuera de 90 días. El Gobierno rechazó la propuesta conjunta de la oposición, argumentando que no se sabe hasta cuándo durará la pandemia.
DENUNCIAS Y TEMORES / Parlamentarios opuestos al texto no dudan en calificar la iniciativa de Orbán de un «golpe de Estado» al tiempo que alertaban de que el país se dirige «hacia una dictadura». Para el diputado independiente Akos Hadhazy esta ley también es «una trampa para la oposición», a la que el Gobierno acusa de estar «del lado del coronavirus».
Varias oenegés como Amnistía Internacional o el Comité Helsinki han denunciado que «el poder ilimitado no es un remedio» para el coronavirus y reclaman que se modifique el proyecto de ley y que el estado de emergencia solo pueda ser declarado por el Parlamento y «por periodos determinados». «Según el derecho internacional, las leyes y medidas de emergencia deberían ser temporales y limitadas», advirtió el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, en un comunicado en el que expresó su temor por las posibles restricciones en derechos y libertades fundamentales.
Pero la ministra de Justicia del Ejecutivo magiar, Judit Varga, salió al paso al defender la constitucionalidad de la medida. «Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener la propagación del coronavirus. El proyecto de ley encaja perfectamente en el marco constitucional húngaro», puntualizó.
La política implementada por Orbán en una década de poder hace temer a la oposición que abuse de estos medios excepcionales. Desde el ejercicio 2010, según muchas oenegés, ya ha multiplicado los ataques contra el Estado de derecho en el ámbito de la justicia, sociedad civil y la libertad de prensa.
Orbán impuso el pasado sábado dos semanas de confinamiento para tratar de contener la expansión de la pandemia, que suma unos 300 casos y diez muertos, aunque el propio mandatario húngaro ha reconocido públicamente que el número real de contagios en el país podría ser superior al que muestran las cifras del balance oficial.
Control sanitario / Orbán estableció nuevas medidas, que permitirán como excepciones los desplazamientos considerados imprescindibles o las actividades físicas al aire libre, siempre y cuando se guarde una mínima distancia con otros personas. El primer ministro advirtió de que las fuerzas de seguridad vigilarán el cumplimiento de las normas. Además, el Gobierno del país centroeuropeo estableció horarios especiales para farmacias y tiendas de alimentación. Las personas mayores de 65 años solo pueden acudir de 9.00 a 12.00 horas.
Por otra parte, el Ejecutivo húngaro ha asumido el control indirecto de todos los hospitales, que pasarán a tener al frente a un comandante designado por las autoridades políticas.
El primer ministro magiar explicó ante los medios de comunicación que los médicos seguirán teniendo la responsabilidad de decidir sobre todas las cuestiones sanitarias que surjan, mientras que los comandantes serán las personas encargadas de vigilar el cumplimiento de la regulación en vigor en el país.
