En la disputa que mantienen en contra del Gobierno de los Estados Unidos algunas organizaciones sociales defensoras de las familias separadas en la frontera con México, siguen su estrategia legal para obligar a las autoridades a establecer los mecanismos de reunificación, dado que tienen los datos de contactos de los padres inmigrantes que deportaron de ese país.
Así, el Gobierno de Estados Unidos reconoció ante jueces federales que tiene información de contacto de 343 indocumentados que fueron deportados sin sus hijos en la frontera, a raíz de la política de "tolerancia cero" que implementó el presidente Donald Trump.
En un escrito remitido a la corte, los abogados del Gobierno manifestaron que de esa cifra, se han identificado seis casos de riesgo para el menor, debido entre otras razones a los antecedentes del progenitor o que existen dudas sobre el parentesco.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que demandó a la Administración de Donald Trump por la separación de familias en la frontera sur, señaló que con ayuda de asociaciones en países centroamericanos, han logrado comunicarse con 231 de esos padres, 183 de ellos han expresado su deseo de reunificación.
Preparan las reunificaciones
En el informe entregado en una corte federal de San Diego, el organismo agregó que 23 padres indocumentados deportados aún están evaluando si desean ser reunidos con sus hijos, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) de EEUU.
La ACLU señaló que hasta la fecha se han concretado 10 reunificaciones de familias indocumentadas en sus países de origen, mientras que otras 15 se han declarado listas para lo mismo.
Pero los abogados del Gobierno, sin embargo, no han querido dar a conocer datos sobre ellos y manifestaron que presentarán sus propias cifras de traslados de menores a los países donde se encuentran sus padres "cuando dicho proceso esté en marcha".
Acusan al Gobierno de presionar a los padres
Mientras tanto, la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA) y otros grupos, acusaron al Gobierno de Trump de usar presuntas estrategias coercitivas contra los padres de familias separadas en la frontera con México en los últimos meses, esto para orillarlos a rechazar su derecho a solicitar asilo.
La AILA, el Consejo de Inmigración de EEUU (AIC) y la Campaña de Justicia en Inmigración (IJC) presentaron una demanda en representación de trece padres que fueron separados de sus hijos y luego “sujetos a coacción extrema mientras estaban bajo la custodia del Gobierno”, de acuerdo al texto judicial al que tuvo acceso la agencia Efe.
“Este es un esfuerzo sistemático e intencional para alejar a hijos de sus padres y retenerlos como rehenes para sabotear su derecho a solicitar asilo en EEUU, y luego utilizar a estos niños como una amenaza para otros padres que intentan venir aquí”, señaló el director ejecutivo de AILA, Ben Johnson, en una conferencia de prensa telefónica.
La querella expuesta ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina por los Derechos y Libertades Civiles (CRCL), contiene trece ejemplos de testimonios de padres que muestran una práctica “generalizada e ilegal” por parte de los agentes migratorios.
”El Gobierno no solo creó una política que ha separado a miles de niños de sus padres a miles de kilómetros de distancia sino que además, los padres sufrieron coerción y firmaron documentos que no entendían, renunciando a sus derechos legales, incluyendo el de ser reunificado con sus hijos“, afirmó Katie Shepherd, la abogada jefe de la IJC.
