Desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump ha aireado repetidamente su obsesión con las filtraciones. Las critica vehementemente, les atribuye la distribución de lo que dice que son “noticias falsas” y las denuncia como parte de una conspiración para dañar a su Administración con información sobre la potencial conlusión de su campaña con Rusia mientras Moscú buscaba interferir en las elecciones, algo que él niega pero que están investigando un fiscal especial, el FBI y varios comités del Congreso. Ahora, su Administración ha abierto el primer caso legal ante la justicia penal contra una de esas filtraciones.

El lunes, poco después de que la web The Intercept revelara un documento clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en el que se constata que el principal órgano del espionaje militar de Moscú lanzó dos ciberataques contra el sistema electoral estadounidense, el Departamento de Justicia hizo pública la detención e imputación de una empleada de una empresa contratista de la NSA, acusada de haber filtrado el documento. Se llama Reality Leigh Winner(nombre que incluye las palabras “realidad” y “ganadora”), tiene 25 años y los cargos que enfrenta bajo la Ley de Espionaje pueden conllevar una pena de hasta 10 años de cárcel.

Winner, que formó parte de la Fuerza Aérea de EEUU durante seis años, tenía autorización para acceder a documentos clasificados y que en febrero empezó a trabajar para la empresa Pluribus International Corporation, admitió según Justicia haber identificado e impreso el documento secreto de la NSA y habérselo enviado a la web en la que trabaja Glenn Greenwald, el abogado y periodista que ayudó a publicar las filtraciones de Edward Snowden sobre los programas de espionaje masivo de EEUU.

No se cuestiona la autenticidad del documento, según el cual la unidad de espionaje militar ruso (GRU) lanzó el 24 de agosto un ciberataque contra una empresa de Florida que vende software para el registro de votantes en varios estados y luego, días antes de las elecciones, en octubre o noviembre, un segundo ciberataque que tuvo como diana a 122 funcionarios electorales locales.

EN CONTRADICCIÓN CON PUTIN

No está claro que los ciberataques fueran efectivos, pero lo seguro es que el informe de la NSA, aunque no aporta ninguna información sobre la potencial colaboración con Moscú de la campaña de Trump, contradice las últimas declaraciones de Vladímir Putin asegurando que el Kremlin no sancionó la campaña de injerencia.

Con el arresto y la imputación de Winner, el Departamento de Justicia de Trump emprende el primer caso legal contra las filtraciones, una lucha en la que también se embarcó y con una dureza sin precedentes su predecesor. Durante el mandato de Barack Obama se abrieron al menos ocho de estos casos, más del doble que en el siglo anterior en que ha estado vigente la Ley de Espionaje y que provocaron la denuncia de grupos de defensores de los filtradores y de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa.