La lealtad total es el principal requisito que exige Donald Trump a sus colaboradores y solo quienes se la ofrecen sobreviven en la Casa Blanca. Pero esa fidelidad tiene consecuencias, especialmente cuando se da a un mandatario oficialmente bajo las pesquisas del Congreso para un juicio político de destitución por sus presiones a Ucrania para obtener material dañino de Joe Biden. Y el escrutinio de los comités que investigan para el impeachment se intensifica sobre dos de los más leales y polémicos escuderos de Trump: el fiscal general, William Barr, y su abogado personal, el exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani, que van a ser llamados a testificar.

En su queja contra Trump el denunciante anónimo de la comunidad de inteligencia aseguró que Giuliani «es una figura central» en su abuso de poder y afirmó que Barr «parece estar también involucrado». Y en el memorando con la transcripción de la conversación de Trump el 25 de julio con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, incluso con la edición de la Casa Blanca, Barr y Giuliani aparecen nombrados nueve veces, siempre con Trump solicitando a Kiev que colaborara con ellos tanto en la investigación del hijo de Biden como en la de las supuestas acciones de los demócratas que cree vinculadas al inicio de la investigación del Rusiagate, su obsesión.

FUERA DE LAS NORMAS / Desde el Departamento de Justicia la versión oficial es que Trump nunca llegó a hablar ni a pedir nada sobre Ucrania a Barr, aunque lo mencionara en la llamada, pero el fiscal general está en entredicho. Por una parte, su departamento legal trató de impedir que la queja llegara al Congreso. Por otra, el departamento criminal determinó que la queja no merecía una investigación. Por último, Justicia determinó que Trump no había vulnerado las leyes de financiación electoral que prohiben aceptar del extranjero dinero o cosas de valor.

Nancy Pelosi, la demócrata más poderosa del país, acusó ayer a Barr de actuar fuera de las normas y criticó que «dado que está mencionado en todo esto, esté tomando decisiones sobre cómo había que manejar la queja del informante». Otros, como el congresista Jamie Raskin, le acusan de «prostituir al Departamento de Justicia por la agenda política del presidente».

No es la primera vez que Barr parece moverse más por los intereses de Trump que los del Departamento y el país. Fue él quien, cuando el fiscal especial Robert Mueller acabó su informe sobre el Rusiagate, ofreció una sinopsis que, aunque era engañosa, logró desactivar el impacto del informe, que no se hizo público hasta meses después y era mucho menos favorable al presidente de lo que apuntaba su resumen.

Si el papel de Barr en esta crisis pone en evidencia una grave crisis institucional, el de Giuliani ratifica las radicales alteraciones a la presidencia que han llegado con Trump. No cobra un sueldo y no tiene un cargo oficial, pero primero como «asesor de ciberseguridad» y desde 2018 como abogado personal del presidente hace un trabajo en el que se enmaraña lo público y lo privado, creando quebraderos de cabeza en la Administración.

En el caso de Ucrania, donde tiene sus propios intereses empresariales, Giuliani intensificó hace meses su investigación de Hunter Biden. Ha colaborado con el antiguo fiscal general ucranio Yuriy Lutsenko y, aunque niega haber ejercido presiones, hizo campaña contra la embajadora en el país, Marie Yovanivitch, a la que vinculó a supuestas acciones demócratas para dañar la campaña de Trump con información sobre Paul Manafort, ahora encarcelado, y que acabó siendo retirada del puesto en mayo.

CONTACTOS / En julio, Giuliani mantuvo contactos con Andrey Yermak, aliado del presidente ucranio, con el que se vio en Madrid en agosto, pocos días después de la polémica llamada. Él asegura que todo estaba autorizado por el Departamento de Estado, pero la queja y numerosas informaciones de prensa reflejan la incomodidad creciente ante su papel y las dificultades para realizar el trabajo diplomático cuando está llevando una agenda paralela oculta. El Departamento de Estado ha dicho que Giuliani «es un ciudadano privado» y que «no habla en nombre del Gobierno». Esa condición puede hacerle vulnerable pues la ley Logan prohibe a ciudadanos privados negociar en nombre de EEUU con gobiernos extranjeros.