Las decenas de mujeres que cuando eran chicas menores de edad fueron víctimas sexuales de Jeffrey Epstein, un conocido y muy bien relacionado inversor de Estados Unidos, van a tener una segunda oportunidad de que se haga justicia. Más de una década después de que la fiscalía de Florida alcanzara un polémico acuerdo que permitió al amigo de Bill Clinton y Donald Trump eludir cargos federales, estos han llegado este lunes en Nueva York. Epstein, que ahora tiene 66 años, ha sido imputado por tráfico sexual y conspiración para crear «una vasta red de víctimas menores de edad», dos cargos por los que podría ser condenado a 45 años de cárcel.

Epstein, que en virtud del polémico acuerdo de Florida en el 2008 se registró como delincuente sexual, se ha declarado «no culpable» pero la evidencia en su contra es demoledora. El documento de la acusación se centra en las acciones realizadas en sus mansiones de Nueva York y en Palm Beach (Florida) entre el 2002 y 2005. Allí, «entre otros sitios», llevó a decenas de chicas menores de edad para que le dieran masajes que luego escalaba hasta contactos sexuales, pagándoles cientos de dólares en efectivo. Asimismo, «para mantener e incrementar su suministro de víctimas», pagó a algunas de las menores para que reclutaran a otras chicas de las que también abusaba, creando una especie de esquema piramidal.

La fiscalía, que ha identificado víctimas de incluso solo 14 años, asegura que Epstein sabía que se trataba de menores. También afirma que muchas de ellas eran «particularmente vulnerables a la explotación» por tener situaciones personales, económicas o sociales problemáticas. Declara, además, que el financiero «trabajó y conspiró con otros, incluyendo empleados y asociados, que facilitaron su conducta», aunque de momento él es el único imputado.

«El comportamiento denunciado golpea la conciencia y aunque la conducta de la acusación data de hace años es aún profundamente importante para muchas de las supuestas víctimas, ahora jóvenes mujeres. Merecen su día ante la justicia», ha declarado Geoffrey Berman, uno de los abogados de la fiscalía federal en Nueva York, que ha decidido retomar un caso que cerró polémicamente hace once años el acuerdo en Florida, pactado por el actual secretario de Trabajo de Trump, Alexander Acosta.