Los refugiados que llegan al continente europeo no pueden solicitar asilo en el Estado miembro que prefieran. El reglamento de Dublín, del 2003 y reformado en el 2013, otorga la responsabilidad de gestionar la solicitud al primer país de la UE por el que entran. La crisis migratoria del 2015, cuando más de un millón de refugiados llegaron al continente europeo huyendo de la guerra en Siria, puso patas arriba el hasta entonces complicado equilibrio del sistema poniendo a países mediterráneos como Grecia o Italia en una situación insostenible.
La respuesta de la Co misión Europea llegó unos meses más tarde en forma de mecanismo de cuotas obligatorio con el objetivo de redistribuir a miles de refugiados entre los distintos Estados miembros y aliviar así a los países en primera línea en el Mediterráneo. Un parche que no solo no funcionó –de los 160.000 refugiados que se comprometieron a reubicar solo llegaron a 29.000– sino que abrió una brecha entre los países del sur, defensores de la solidaridad y de un reparto obligatorio, y los del este, absolutamente contrarios a acoger ningún cupo de refugiados pese a que la decisión por mayoría cualificada adoptada en el Consejo.
Aunque la falta de compromiso de países como Hungría, Polonia, Eslovaquia o la República checa a reubicar refugiados terminó en la apertura de un procedimiento de infracción y en el Tribunal de Justicia de la UE posteriormente, el sistema no sobrevivió y pese a la presión de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil terminó muriendo. Desde entonces, los intentos por impulsar la reforma de Dublín han agudizado la presión migratoria.
