El primer ministro francés, Edouard Philippe, acompañado de la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, presentaron ayer el último, y potencialmente explosivo, capítulo de las reformas destinadas a liberalizar el mercado laboral, la que afectará a las prestaciones por desempleo. El Gobierno persigue cuatro objetivos: terminar con el uso abusivo de los contratos de corta duración, que un trabajador siempre cobre más trabajando que estando en el paro, igualar el régimen de indemnización al de los vecinos europeos y apoyar con más eficacia a los parados para que encuentren trabajo.
Con una de cal y otra de arena, hay medidas orientadas a incentivar la estabilidad en el empleo, como la penalización a las empresas que abusen de los contratos basura y otras que recortan derechos de los trabajadores.
El cambio fundamental, con el que el Gobierno pretende reducir más el gasto público, es el endurecimiento de las condiciones para cobrar el paro. Hasta ahora, un desempleado tiene que haber trabajado al menos 4 de los 28 meses anteriores a su despido, un sistema aprobado hace 10 años para amortiguar la ola de despidos generada por la gran recesión.
Pero al considerar que el contexto ahora es distinto -el paro registrado en mayo fue del 8,7%, el más bajo en una década- el Gobierno opta por ser más estricto y, cuando la reforma entre en vigor, tendrán derecho a paro los que hayan trabajado 6 meses durante un periodo de 24.
LOS QUE MÁS GANAN / Otra novedad es la que afectará a las prestaciones de los trabajadores que más ganan. Quienes antes de verse en la calle tengan un sueldo bruto de más de 4.500 euros al mes, verán su prestación recortada en un 30% a partir del séptimo mes, aunque la subvención no podrá ser inferior al mínimo establecido de 2.261 euros netos al mes. La medida, que no se aplicará a los mayores de 57 años. Hasta ahora la prestación estaba limitada a 7.700 euros brutos al mes.
El Gobierno también revisa el sistema para calcular el subsidio para evitar que se gane más sin trabajar que estando empleado, situación en la que se encontraría el 20% de los que tienen derecho a prestación, aunque los sindicatos no están de acuerdo con la cifra.
Asimismo, el sistema penaliza a sectores donde la mano de obra es poco estable e incentiva a los que huyen de los contratos basura. Siete sectores se verán afectados en una primera fase, entre ellos la restauración y la industria agroalimentaria, con un tercio de los contratos temporales. El Ejecutivo espera que de aquí al final de la legislatura (2022) se reducirá entre 150.000 y 250.000 el número de parados y se ahorrarán unos 3.400 millones de euros hasta el 2021.
LAS CRÍTICAS / Los sindicatos consideran la reforma «profundamente injusta» porque afectará al cien por cien de los parados y será «especialmente dura» para los más precarios, aquellos que alternan periodos de trabajo con meses en el paro. Las centrales sindicales son unánimes al denunciar el nuevo sistema que endurece las condiciones para cobrar la prestación.
Emmanuel Macron respira. Hay tregua interna y la tormenta en la calle parece haber pasado después de muchos meses de revueltas, tanto que el presidente parece mirar más hacia Europa. Sin embargo, en el terreno político, socialistas, comunistas y la izquierda de la Francia Insumisa también han criticado los planes del Gobierno, al que acusan de querer ahorrar a costa de los parados. Tampoco en la patronal aplauden la política punitiva hacia los contratos temporales. «Una medida ineficaz que desincentivará el empleo», según el presidente de Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.
