Catorce millones de personas perderán su póliza sanitaria durante el primer año de vigencia de la ley. Los costes de los seguros aumentarán hasta el 2020 y, aunque la reforma reducirá el déficit, su impacto en los 19 billones de deuda pública estadounidense será insignificante. El demoledor análisis del proyecto de ley con el que los republicanos pretenden reemplazar la reforma sanitaria de Barack Obama, publicado el lunes por la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO), ha puesto a los conservadores a la defensiva y ha arrojado muchas dudas sobre sus posibilidades para convertirse en ley. La reforma de Donald Trump no solo se ceba con los sectores más vulnerables de la población, sino que esconde una rebaja fiscal de 600.000 millones de dólares en una década para los estadounidenses más ricos.
Estados Unidos sigue siendo el único país industrializado que no garantiza la cobertura sanitaria para todos sus ciudadanos. Cerca del 10% de su población, es decir 27 millones de personas, carecen todavía de seguro, a pesar de los avances significativos que acarreó la ley de sanidad asequible de Barack Obama. Desde su puesta en marcha en el 2010, 20 millones de estadounidenses más han accedido a la sanidad, gracias a la expansión del Medicaid (el programa de sanidad pública para los pobres y los discapacitados) en 31 estados y a los subsidios públicos concedidos a las rentas inferiores a los 41.000 dólares (38.650 euros) anuales.
Esos subsidios se pagaron en gran medida con impuestos a los más ricos y las empresas. Impuestos como el 3.5% adicional a las plusvalías de capital de las parejas que ingresan más de 250.000 dólares al año. Pero esos impuestos desaparecen en la reforma ideada por el líder de los republicanos en el Congreso, Paul Ryan, así como los subsidios federales ilimitados para el Medicaid, a los que se pondrá un techo. Los cambios permitirán al Gobierno federal ahorrar 337.000 millones de dólares hasta el 2026, pero también implicarán que 24 millones de estadounidenses pierdan sus pólizas durante la próxima década, según el análisis del CBO.
LOS REPUBLICANOS, DIVIDIDOS
El proyecto de ley ni siquiera complace a los republicanos, divididos ante la que debía ser una de las reformas estrella de la era Trump. Los más conservadores consideran que es una versión descafeinada del Obamacare porque mantiene los subsidios públicos, aunque el criterio haya cambiado. Ya no se concederán en función de los ingresos de cada individuo, sino de su edad, lo que impone un sesgo enormemente regresivo a la reforma. Y aunque elimina las multas por no tener seguro, concebidas para aligerar los costes de las aseguradoras, impone sobrecostes del 30% a aquellos que vuelvan a adquirir la póliza tras estar más de dos meses sin cobertura.
Para los republicanos más moderados, la objeción es otra: el miedo a que parte de sus constituyentes les acusen de haberlos dejado sin acceso a la sanidad. Una persona de 64 años que ingrese 26.500 dólares al año, según los cálculos del CBO, verá como el coste anual de su póliza crece de 1.700 dólares a 14.600, un precio totalmente prohibitivo.
“Esta ley no deroga el Obamacare ni tampoco une a los republicanos”, ha dicho el congresista conservador Jim Jordan. Trump todavía no se ha pronunciado desde que la CBO hiciera público su análisis y, por el momento, la Casa Blanca se ha dedicado a poner en duda sus conclusiones. “El CBO es terrible a la hora de contar a los asegurados -ha dicho el director de presupuestos de la Casa Blanca, Mick Mulvaney-.. Nosotros pensamos que hemos creado un sistema que ahorra recursos y permite que más gente tenga acceso a una sanidad asequible”.
