Todavía enfrenta nueve causas judiciales de muy dudosa consistencia acusatoria, según sus abogados. Tiene dos peticiones de prisión preventiva. Rigen embargos sobre algunos de sus bienes. Un magistrado le ha prohibido hasta utilizar tarjeta de crédito y debe solicitar permiso para salir del país. Para Cristina Fernández de Kirchner todo ha sido parte de un mismo dispositivo de venganza política y mediática que se activó en el 2016, al abandonar el poder, y que no ha impedido un nuevo encumbramiento por medio del voto. Para regocijo de unos y espanto visceral de otros, a partir de mañana ejercerá la vicepresidencia de un país que considera devastado.
«¿La han oído? Vuelve furibunda», dijeron algunos comentaristas después de escuchar su alegato de tres horas y media frente a un tribunal que la juzga en una causa por presunta corrupción en obra pública. Cristina los tachó de haber estado al servicio del Gobierno de derechas saliente. Les dijo además que podían dictar la sentencia que quisieran y que no le importaba porque se sentía absuelta por la historia. «Fue uno de los mejores actos de defensa que vi en mi vida: dejó a los jueces mudos», sostuvo Alberto Fernández, el hombre que encabezará el Poder Ejecutivo a partir de este martes, sobre su principal aliada y sostén. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó en cambio su «preocupación» por un posible avasallamiento institucional a partir del 10 de diciembre. La supervivencia de la alianza entre los dos Fernández estará en última instancia indisolublemente ligada al éxito para salir una vez más del pozo económico y social.
