Donald Trump y los republicanos están a punto de apuntarse en el Congreso su primera gran victoria legislativa: una reforma fiscal tan profunda como polémica. Todo apunta a que el Senado aprobará, quizá hoy mismo, su propuesta de ley, apoyándose únicamente en los votos de la mayoría republicana. Y aunque la iniciativa aún deberá consensuarse con la que pasó hace unas semanas en la Cámara baja, el camino hacia la aprobación definitiva antes de fin de año estará prácticamente despejado.

Trump, que tras el estrepitoso fracaso en verano de la embestida contra la reforma sanitaria de Obama se ha involucrado mucho más en estas negociaciones, acaricia el triunfo y se está mostrando en las últimas horas eufórico.

Las voces de alarma, no obstante, ganan también en intensidad, no solo desde el campo demócrata. Premios Nobel e historiadores, economistas y expertos y hasta algunos millonarios advierten del potencial devastador de la mastodóntica reforma, que restará 1,5 billones de dólares de las arcas públicas en la próxima década y que, según la inmesa mayoría de los análisis, pese a las repetidas declaraciones de Trump afirmando lo contrario, beneficiará sobre todo a los más ricos (incluyendo los grandes donantes republicanos) e incrementará la desigualdad.

El presidente y los conservadores, como en el pasado, están apostando por la teoría de la economía del goteo, prometiendo que los grandes recortes, especialmente la bajada del impuesto de sociedades del 35% al 20%, incentivarán la creación de empleo, la mejora salarial y el crecimiento económico. Pero nunca se ha demostrado que ese efecto se produzca. Y lo más probable es que el dinero ahorrado por las grandes empresas se reparta en dividendos para accionistas.

Las proyecciones muestran que los pobres serán los más perjudicados y el respiro para la clase media será discreto y temporal. Según análisis del Comité Conjunto de Tributación y de la Oficina de Presupuesto del Congreso para 2027 la gente que gana entre 40.000 y 50.000 dólares al año pagará 5.300 millones más, mientras que quienes ingresan un millón o más pagarán 5.800 millones menos. Los republicanos están tramitando la legislación con una celeridad sin precedentes, prácticamente sin vistas públicas ni debate, sin recopilar análisis o estudios de expertos.

El plan, además, tiene claras metas políticas. Asestará un golpe a Obamacare al eliminar la obligación de asegurarse. Además, al acabar con deducciones en los impuestos federales por las tasas estatales y locales va a afectar enormemente a gobiernos como el de Nueva York o California (que acostumbran a votar demócrata), forzándoles a limitar el gasto público en sanidad, educación, transporte o servicios sociales.