Cinco años después de que ocurrieran, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no olvida: las protestas del parque de Gezi, durante el verano del 2013, siguen pegadas en su retina. La revuelta causó la muerte de cinco personas y heridas a 8.000. Amnistía Internacional (AI) asegura que de esas cinco muertes en al menos tres hay pruebas de que fueron por la violencia policial.

Ayer, en un juzgado de Estambul, empezó el juicio contra 16 personas, acusadas, entre otras cuestiones, de financiar las protestas e intentar deponer por la fuerza a Erdogan. La revuelta nació tras el intento de las autoridades de levantar varios edificios en el parque, situado en el centro de la ciudad, junto a la plaza Taksim.

No son pocas las voces que califican el juicio de farsa. «El texto de la acusación no contiene ni una sola pizca de evidencia de que los encausados estuvieran involucrados en ninguna actividad criminal, menos aún conspirando para derrocar el Gobierno -dijo ayer Andrew Gardner, director de AI en Turquía-. Por el contrario, el texto pretende representar las actividades rutinarias de la sociedad civil como crímenes».

La fiscalía pide la pena más dura que permite el código penal turco: la cadena perpetua. Algunos de ellos son ampliamente conocidos en Turquía. Es el caso, por ejemplo, de Can Dündar, exdirector del otrora prestigioso periódico Cumhurriet y que, desde hace dos años, vive exiliado en Alemania: se escapó de Turquía tras ser acusado por Erdogan de traición a la patria y revelación de secretos por publicar una información en la que mostraba que Turquía enviaba, a escondidas, armamento a Siria. Dündar está siendo juzgado in absentia.

Quien está acaparando, en este juicio, todos los focos es, sin duda, el filántropo Osman Kavala. «La acusación por la que he estado encarcelado por los últimos 20 meses está basada en una serie de afirmaciones que no tienen ninguna base factual. Desafían a la lógica», dijo Kavala ayer delante del juez: Kavala es el director de la asociación Anadolu Kultur, dedicada a promocionar la cultura y el arte y que recibe fondos de varios gobiernos europeos.

A Kavala, por ejemplo, se le acusa de urgir un plan para repintar y redefinir las fronteras de Turquía. Y la acusación se basa en un mapa encontrado en el teléfono del filántropo: la imagen muestra las especies de abeja que habitan la península de Anatolia divididas por regiones.

«He leído la acusación. No he podido encontrar pruebas que demuestren que Kavala intentase derrocar al Gobierno». Estas declaraciones no tendrían mas importancia si no fuese porque quien las ha realizado, Mustafa Yeneroglu, es un diputado del AKP, el partido de Erdogan.