Al menos seis miembros de la oposición de Nicaragua fueron detenidos este lunes por la Policía, que, además, llevó a cabo allanamientos en Managua, Bluefields (Caribe), Nueva Segovia (norte) y Camoapa (centro), denunciaron varias organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Estas detenciones coinciden el mismo día que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en Ginebra que la crisis en la defensa de los derechos básicos continúa en Nicaragua, y que esta circunstancia también incide en la respuesta que da el Gobierno a la pandemia de la covid-19.
En su informe, Bachelet hizo referencia a 94 opositores arrestados en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en 2018, cuando manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega fueron reducidas por las fuerzas del orden y dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos.
La alta comisionada también refirió que el Gobierno nicaragüense mantiene su negativa a superar la crisis a través de un diálogo, viola la libertad de expresión y maneja la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 con falta de transparencia, poca difusión de información, y despidos de personal médico.
Horas después de conocerse el informe en Nicaragua, la Policía Nacional detuvo a los opositores Danny García, Bayardo García y Lenín Salablanca, este último conocido por transmitir videos en vivo casi todas las semanas cada vez que agentes de seguridad lo detienen en su motocicleta por supuestamente cometer delitos, que hasta ahora no han sido comprobados.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la “detención arbitraria en contra del excarcelado Lenín Salablanca" al denunciar que "la Policía llegó a casa de su mamá, invadieron la propiedad y se lo llevaron por la fuerza”.
Además, fueron detenidas una hermana, una prima y la esposa de Salablanca, Cristel Pérez, cuando llegaron a la oficina policial de la ciudad de Juigalpa (centro) para conocer la situación del opositor, quien ya había estado preso durante diez meses entre 2018 y 2019 tras participar en protestas antigubernamentales, confirmaron los familiares.
Las muertes, capturas y asedio contra opositores son comunes en Nicaragua desde las protestas contra Ortega en 2018, en lo que Estados Unidos ha llegado a referirse como la “política de cárcel, exilio o muerte”.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis nicaragüense dejó al menos 328 muertos en 2018. Organismos locales cuentan 684 víctimas mortales hasta ahora. Ortega admite 200, pero sostiene que fue víctima de un “golpe de Estado fallido”.
Nicaragua no vivía una crisis similar desde 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente.
