Como una bomba de relojería. Así ha caído en la política alemana la sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe sobre la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE). Además de la innegable repercusión política que tiene el fallo para el resto de la UE y sus fuerzas euroescépticas y ultranacionalistas, los diferentes actores políticos alemanes también comienzan a tomar posición ante la exigencia de la justicia alemana al BCE de que demuestre en un plazo de tres meses la “proporcionalidad” de su programa de compra de deuda pública que considera parcialmente inconstitucional. De no hacerlo, el Bundestag podría dejar de cofinanciarlo.

Karlsruhe pone así en entredicho uno de los mecanismos que ha permitido mantener el euro a flote desde el estallido de la última crisis financiera y de deuda. La sentencia llega con una recesión económica ya oficial y con unas elecciones federales alemanas que, como muy tarde, se celebrarán en septiembre del próximo año.

“El Constitucional ha colocado una carga explosiva en el euro y en la UE”, decía recientemente a la agencia Reuters un diputado alemán que prefería mantener el anonimato. La situación política se agrava, además, con la amenaza de la presidenta de la Comisión Europea, la también alemana Ursula von der Leyen, de abrir un procedimiento de infracción contra Alemania, que podría acabar en sanción.

Merkel ve una oportunidad

En medio de esta escalada de declaraciones, Angela Merkel intenta rebajar el tono y buscar espacios para el compromiso. “Se trata de que actuemos de manera responsable e inteligente para que el euro pueda, deba y siga existiendo”, dijo la cancillera en la última sesión de control parlamentario. Merkel ve incluso en la sentencia de Karlsruhe una oportunidad para una mayor integración de la unión monetaria, aunque no especifica cómo hacerlo.

Pero los días de Merkel al frente del Gobierno federal alemán están contados. Ya anunció que no volvería a presentarse a las próximas elecciones y en el seno de su partido, la CDU, sigue abierta la lucha por hacerse con la presidencia democristiana, todavía en manos de la que tenía que ser su sucesora, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK).

Friedrich Merz, uno de los candidatos a suceder a AKK y a presentar su candidatura a la cancillería, no ha desaprovechado la ocasión para criticar las amenazas de Von der Leyen y defender la posición del Constitucional alemán, que tiene “el derecho y la obligación de controlar la actuación de los correspondientes estados miembros según las bases del derecho nacional”. Ello da pistas de por dónde podría ir su campaña para hacerse con el liderazgo conservador.

El papel de AfD

La ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) -que lidera la oposición parlamentaria al Gobierno de Merkel como tercera fuerza más votada- no deja pasar la ocasión para defender la sentencia de Karlsruhe y para atacar la compra de deuda pública por el BCE, que considera simple y llanamente una transferencia financiera desde los estados del norte de la UE hacia la periferia endeudada.

Conviene no olvidar que la sentencia llegó como consecuencia de varios recursos de amparo constitucional presentados por figuras políticas como Bernd Lucke, economista y cofundador de AfD (hoy fuera del partido), y el expolítico socialcristiano Peter Gauweiler. Ello apunta que el potencial electoral del euroescepticismo en Alemania no se ciñe al votante de la ultraderecha.

“La sentencia no es, en mi opinión, una valoración de las medidas monetarias del BCE, sino un conflicto de competencias entre el Tribunal Constitucional alemán y la justicia europea”, asegura a EL PERIÓDICO Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, excandidato socialdemócrata a la cancillería y hoy diputado federal alemán. Schulz confiesa estar “en schock” por la sentencia, pero se muestra optimista: “Espero que las consecuencias políticas de la sentencia estén bajo control antes de las elecciones alemanas del próximo año”.