Dos semanas atrás, un grupo de periodistas puertorriqueños reveló las conversaciones privadas del gobernador Ricardo Roselló. Sus comentarios en Telegram habían sido tan ofensivos en cuestiones de sexo y género que se desató una ola de protestas populares. Roselló dimitirá el próximo 2 de agosto. La trama política brasileña tiene una matriz similar: un intercambio prohibido de mensajes a través de Telegram entre Sergio Moro, entonces juez y en la actualidad ministro de Justicia, y el fiscal de la llamada operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, en el marco de la causa que buscó demoler la figura de Luiz Inácio Lula da Silva y llevarlo después a la cárcel para sacarlo de una carrera electoral que benefició al actual presidente, Jair Bolsonaro.

El ministro quiere destruir los comprometidos mensajes que fueron interceptados por unos supuestos hackers recientemente descubiertos y detenidos por la Policía Federal. Pero solo el poder judicial está en condiciones de decidir qué hacer con los textos de la discordia, una vez que la policía investigue.

A Moro le cuesta dejar de ser juez y parte. Brasil no es Puerto Rico, y por eso ahora va a por la cabeza de Glenn Greenwald, el periodista de The Intercept que dio a conocer sus conversaciones. Bolsonaro defendió el sábado a Moro y aseguró que Greenwald «puede estar tranquilo» porque no será deportado, pero que puede ser preso por el delito, que a su juicio, ha cometido.