El Gobierno de Boris Johnson se negó ayer a escuchar los llamamientos reclamando la reapertura inmediata del Parlamento, después de que el más importante tribunal civil en Escocia concluyera que la suspensión es ilegal. Tras media docena de derrotas en la Cámara de los Comunes a manos de los diputados en los últimos días, con el Parlamento cerrado y cuando parecía que el laberinto del brexit no podía liarse más, el nuevo golpe para Johnson llegó desde el ámbito de la justicia.
«El consejo dado por el Gobierno a su majestad, la reina, de prorrogar el Parlamento desde el 9 de septiembre al 14 de octubre es ilegal y por tanto la suspensión es ilegal también y no tiene efecto» señala el veredicto, leído por el presidente del tribunal, Lord Carloway, el jefe del poder judicial en Escocia.
Por unanimidad, los tres magistrados del tribunal de apelación fallaron a favor de un grupo de más de 70 diputados y lores. En su demanda argumentaban que el cierre era un ataque a la democracia y un abuso de poder.
La decisión «no cambia nada», fue la reacción inmediata del Gobierno, que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. La vista comenzará el próximo martes en Londres.
EL «BUEN GOBIERNO» / Johnson había venido insistiendo en que el cierre del Parlamento era una práctica habitual para un nuevo Gobierno y rechazó repetidamente las acusaciones de querer silenciar las críticas de los diputados sobre su estrategia para el brexit. Pero los jueces consideran que la motivación del primer ministro con la suspensión de cinco semanas, «tenía el propósito de obstaculizar la tarea del Parlamento», que, recuerda la sentencia, «es un pilar central, consagrado en la Constitución, en los principios de buen gobierno».
Los jueces no lo dicen específicamente, pero dan claramente a entender que Johnson habría engañado a Isabel II, al aconsejarle la aprobación de la prerrogativa, una actuación inconstitucional. «Si se comprueba que el Gobierno ha engañado a la reina sobre los motivos para cerrar el Parlamento, sería un asunto, muy muy serio. Desde mi punto de vista sería el momento para Johnson debería presentar la dimisión sin dilación», declaró el diputado independiente ahora y antiguo consejero del Gobierno, Dominic Grieve, uno de los 21 expulsados del Partido Conservador.
El palacio de Buckingham declinó en un comunicado comentar el fallo, alegando que es un asunto del Gobierno. Los partidos de la oposición reclamaron la reapertura inmediata del Parlamento, algo a lo que el Gobierno se negó. «Estamos decepcionados con la decisión de hoy y apelaremos ante el Tribunal Supremo», indicaron desde la oficina del primer ministro. «Es un fallo muy poderoso», señaló el laborista Keir Starmer, encargado del brexit. «Normalmente los jueces no entran en este terreno sobre la motivación de los políticos en las decisiones que toman. Solo puedo asumir que las pruebas que han visto los jueces contra Boris Johnson son abrumadoras, al concluir que actuó ilegalmente al cerrar el Parlamento».
STURGEON PIDE LA REAPETURA / La líder del Partido Nacional Escocés y ministra principal, Nicola Sturgeon, ha pedido a Johnson que actuara en consecuencia. «El Parlamento debe volver inmediatamente y le pido al primer ministro que haga lo que se debe, reabra el Parlamento y de por acabado el cierrre ilegal».
La sentencia revoca una decisión anterior de la justicia escocesa en primera instancia, que consideró legal la suspensión. En idéntico sentido se había manifestado también un tribunal de similar rango en Londres, sobre la demanda presentada por la empresaria y activista proeuropea Gina Miller, con el respaldo del exprimer ministro conservador John Major. Los abogados de Miller enviaron al Gobierno y a los presidentes de las dos cámaras una carta pidiendo el retorno hoy de los diputados, «hasta que el Tribunal Supremo emita su juicio, lo que posiblemente no ocurrirá hasta la semana del 23 de septiembre».
