Desde que el ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS) se hizo con el poder hace casi un año, Polonia se ha convertido, junto a su aliada Hungría, en el país más díscolo de la UE, si excluimos el 'brexit' británico. Varsovia ha tomado decisiones que para Bruselas "ponen en riesgo la calidad democrática, atentan contra el estado de derecho y los derechos humanos". Por este motivo, la Comisión Europea está a un paso de sancionar al país centroeuropeo por “violación grave y persistente” de los valores de la UE.

Aprovechando el gran poder que acumula tanto en el ejecutivo como en el legislativo, el PíS ha aprobado leyes que le permiten, por ejemplo, decantar a su favor o retrasar las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), gracias a que ha designado nuevos miembros afines. “No forman parte del partido”, advierte el dirigente de la rama juvenil del PiS, Michal Szpadrowski, “sino reconocidos juristas que, sí, son conservadores, pero que sirven para contrarrestar a los liberales nombrados por el anterior Gobierno”, apunta.

Pero hay otras disposiciones en la polémica reforma que limitan la acción del TC, como la que establece que los casos que estudie no sigan un orden de importancia o urgencia sino cronológico, lo que retrasará conocer los fallos de causas abiertas contra el actual Ejecutivo varios años. El todopoderoso PiS tiene prisa por reformar el Estado a su medida y sabe que el TC es el único que le puede frenar.

Además de pretender “apoderarse”, según la oposición, del poder judicial, el partido también ha trabajado para poner bajo su control otras instituciones del Estado que deberían de ser supuestamente neutrales en un país democrático, como los servicios secretos o los medios de comunicación públicos.

La controvertida nueva ley de prensa, por ejemplo, permite que sea el Gobierno el que designe directamente a dedo a los miembros de los puestos claves de la televisión y los radios del Estado. La normativa, que ha entrado en vigor este año, ha servido para purgar a los elementos hostiles y se ha llevado por delante a un buen número de informadores poco o nada complacientes con el Gobierno.

MENSAJES DE PROTESTA EN ANTENA

Uno de ellos es Kamil Dabrowa, hasta finales de año pasado director de un programa político de gran audiencia. Antes de que el presidente, Andrejz Duda, firmase la ley el pasado 8 de enero, Dabrowa emitió por antena “como protesta” y durante ocho días seguidos mensajes en los que manifestaba junto a su equipo el malestar por "una ley que atenta contra el pluralismo y la libertad de expresión".

Al periodista, de 43 años y con una larga trayectoria profesional, el acto de rebeldía le costó el cese fulminante. “Por primera vez desde el comunismo, un ministro pidió el despido de un periodista públicamente por televisión”, explica Dabrowa desde el salón de su casa en Varsovia. La represalia no acabó ahí, meses después le tocó el turno a su mujer, Urszula Prussak, que dirigía, en una emisora pública, una programa de música.

“El sistema del anterior Gobierno de la Plataforma Cívica (PO) no era perfecto, pero la designación se hacía a través de un comité formado por diferentes ideologías. Era, al menos más pluralista", dice Prussak, de 38 años, que desde que la despidieron en mayo está en tratamiento por depresión.

"Los cambios en la dirección de los medios del Estado son normales cuando llega un nueva Gobierno. Eso pasa también en el resto de países de Europa ¿no?", dice, por su lado, Samuel Pereira, subdirector de una programa político en la televisión pública. Pereira, un joven de 29 años de padre portugués, asegura que ocurrió lo mismo con la PO, que gobernó durante ocho años el país.

Pereira, que no oculta su simpatía por el partido en el poder, admite sin embargo, que era necesario dar un "golpe de timón" a los medios públicos para "equilibrar" lo que, asegura, durante el mandato del PO "era una única linea ideológica, la liberal, tanto en los medios públicos como en los privados".

En otra decisión muy controvertida, el Gobierno ha dado luz verde a la policía para acceder, sin orden judicial, a los correos electrónicos de cualquier ciudadano, además de intervenir el teléfono móvil. "El mio lo está seguro", dice Dabrowa con una sonrisa amarga.