"Un riesgo de seguridad y una bandera del fundamentalismo", ha dicho el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, sobre el burka, la prenda que usan algunas mujeres musulmanas en países de religión islámica y que cubre completamente el rostro de la mujer a excepción de una rejilla para los ojos. El Gobierno ceilandés ha anunciado, durante el fin de semana, una nueva norma que prohíbe el uso de cualquier tipo de prenda que cubra el rostro como medida de seguridad tras los mortales atentados yihadistas del domingo de Pascua, reivindicados por el Estado Islámico, que dejaron al menos 253 muertos y más de 500 heridos.

El veto al velo se ha aprobado en el marco del estado de emergencia que rige en el país tras los atentados con el fin de ayudar a las fuerzas de seguridad a identificar a las personas relacionadas con los ataques y a su red de apoyo. Con la nueva ley el rostro "deberá exponerse claramente", ha explicado en un comunicado el primer ministro del país, Ranil Wickremesinghe.

Esta decisión se produce días después de que un parlamentario ceilandés, Ashu Marasighe, presentara una moción para prohibir el burka por motivos de seguridad, alegando que esta prenda no es parte de la vestimenta tradicional musulmana y que "sirve para ocultarse a la hora de cometer actos de terrorismo", en palabras del parlamentario.

Por su parte, la comunidad musulmana del país se muestra preocupada por las posibles tensiones contra sus integrantes tras los ataques yihadistas contra varias iglesias cristianas y hoteles de lujo. La sociedad de Sri Lanka, una nación en la que conviven múltiples confesiones religiosas, está muy sensibilizada con la violencia debido a la larga guerra civil -duró 26 años- que vivió el país debido a las aspiraciones separatistas de las milicias del norte del país, conocidas como los tigres tamiles.

El All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU), el cuerpo principal de los eruditos islámicos en Sri Lanka, ha manifestado su apoyo a la norma de forma temporal, pero se ha opuesto a cualquier intento de legislar contra el burka y el niqab. "Vemos esto como un reflejo del conflicto entre el presidente y el primer ministro. Criticamos enérgicamente la decisión. No aceptaremos que las autoridades interfieran con la religión sin consultar a los líderes religiosos", ha explicado Farhan Faris, asistente del ACJU. Y ha advertido de que "si hacen una ley, tendrá un impacto negativo".

Alrededor del 9,7% de los aproximadamente 22 millones de habitantes de Sri Lanka son musulmanes. Solo una pequeña minoría de mujeres, usualmente en áreas musulmanas, esconde completamente sus caras. "Es su derecho religioso", ha reclamado Faris.

CRISIS DEL GOBIERNO

El Gobierno de Sri Lanka está viviendo una serie de cambios dentro del organismo de seguridad del país como consecuencia de los señalados fallos en el sistema de seguridad previos a los ataques yihadistas de hace una semana. El presidente Sirisena ha nombrado nuevo jefe de la policía a Chandana Wickramaratne, mientras que su predecesor se niega a renunciar. También, Sirisena ha nombrado al exjefe del Ejército, Shantha Kottegoda, como nuevo ministro de Defensa.

Pujith Jayasundara, jefe de la polícia durante los atentados del 21 de abril, ha rechazado la decisión del presidente Sirisena, quien ha pedido la "baja forzada" de Jayasundara, debido a la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir los atentados, puesto que Sri Lanka tenía información muy específica sobre los riesgos de ataques suicidas inminentes, según dos fuentes de la oficina del presidente.

"Jayasundara desafió al presidente y se mantuvo en su puesto, pero hoy el presidente ha hecho un nuevo nombramiento", ha declarado una fuente cercana al Gobierno ceilandés. "Esto significa que Jayasundara se encuentra suspendido hasta que sea despedido formalmente a través de una moción en el Parlamento", ha añadido. El número dos de la policía, Wickramaratne, ha sido designado para reemplazarlo.

No es el único responsable de la seguridad del país que se ha visto obligado a renunciar tras los ataques terroristas. El secretario de Defensa, Hemasiri Fernando, renunció la semana pasada mediante una misiva en la que declaraba que "algunos oficiales y departamentos clave no actuaron en consecuencia y como resultado hemos tenido que afrontar esta situación."

Más de 150 personas han sido arrestadas en los últimos ocho días en relación con la investigación de estos atentados. Durante las operaciones de seguridad contra grupos yihadistas más de 15 personas han muerto, entre ellos seis niños y tres mujeres.