Mientras Europa endurece sus condiciones contra los ciudadanos extranjeros este domingo Suiza ha superado un decisivo escollo. Según los primeros sondeos, el país transalpino ha votado en contra de la deportación de todos aquellos ciudadanos extranjeros que vulneren las leyes nacionales. La propuesta, impulsada en un referéndum por el antiinmigración Partido Popular Suizo (SVP), es especialmente delicada porque incluye la expulsión incluso por casos de faltas menores como el exceso de velocidad en la carretera.

La medida, rechazada con el 59% de los votos en contra, contempla que los extranjeros que violen los límites de circulación dos o más veces durante 10 años sean culpados y expulsados del país. En la consulta popular de hoy también se ha preguntado a los suizos si otros delitos de grado inferior como las peleas, el blanqueo de dinero, la exposición indecente o dar falso testimonio deben ser castigadas con mano dura. Según un estudio citado por el SVP, eso supondría la expulsión anual de más de 10.000 personas. A falta de resultados oficiales, pero, las primeras cifras apuntan a que eso no sucederá. En Ginebra, una de las principales ciudades, la iniciativa ha sido tumbada con alrededor de un 63,71% de los votos.

MOVILIZACIÓN SOCIAL

La propuesta, que obtuvo los 100.000 votos necesarios para plantearse en un referéndum, ha dividido a la opinión pública suiza. La última encuesta realizada por gfs.bern antes de la votación remarcó que el 49% de los suizos se oponían a la aprobación del texto, mientras que un 46% lo veía como una iniciativa favorable. La dureza de la propuesta ha levantado la polémica y generado en las últimas semanas un fuerte movimiento social en contra que ha terminado siendo decisivo en las urnas.

La medida ha sido duramente criticada por miembros del Gobierno suizo, formado por siete representantes de hasta cuatro partidos distintos, que han asegurado que habría supuesto un revés para las “normas fundamentales” de la democracia. Desde el ejecutivo se ha insistido en que la propuesta del SVP es "inhumana" y que degradaría a la población extranjera del país, un 24% de la población, a un estatus de segunda clase.

Hace seis años, en el 2010, los suizos ya aprobaron en otro referéndum, seña identitaria de su democracia participativa, deportar a los extranjeros residentes en el país culpables de cometer crímenes violentos y sexuales de primer nivel como el asesinato, la violación o el tráfico de drogas. A pesar de que la medida, también impulsada por la derecha, fue aprobada con el 52,9% de los votos, el Parlamento introdujo una cláusula que permitía a los jueces evitar la expulsión en casos concretos.

Esta vez la ciudadanía no ha secundado la propuesta de los conservadores. Su paquete de medidas ha llegado en un momento de clara tensión europea por la incesante llegada de refugiados y la falta de una respuesta común en el continente. Fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen de libre circulación, Suiza vive más de lejos la profunda división que reina en Bruselas pero no del flujo migratorio que también ha llegado a su territorio. Durante el 2015, hasta 45.000 refugiados llegaron al país

MANO DURA CON LOS REFUGIADOS

Desde que el euroescéptico e islamófobo SVP ganó las elecciones parlamentarias del pasado octubre, Suiza ha endurecido sus medidas contra los refugiados y ha reforzado la seguridad del país. Como ya han hecho otros estados como Dinamarca, el país transalpino también confisca a los refugiados aquellos objetos que tengan un valor superior a los 875 euros para contribuir a costear su adaptación al país y a su acomodado sistema social. A pesar de las denuncias de los grupos de ayuda a los refugiados, las autoridades han asegurado que esta medida solo se ha aplicado en 112 casos.

El programa de televisión suizo SRF también aseguró en enero que a las personas a las que se les conceda el permiso de asilo deberán contribuir al Estado con el 10% de su salario durante 10 años hasta que se paguen un total de 15.000 francos suizos (13.763 euros) a la Administración. Haber aprobado la medida habría tensado aún más las relaciones con la UE, su principal socio comercial.